VALLADOLID, 14 Ene. – Las solicitudes de justicia gratuita en Valladolid han experimentado un aumento notable del 16,9 por ciento en el año 2024, alcanzando por primera vez más de ocho mil casos anuales y concretamente un total de 8.304. Este incremento no solo marca un hito en la historia del sistema jurídico local, sino que también reafirma la tendencia de crecimiento estable y moderado que se había visto interrumpida por la pandemia y posteriormente por las huelgas que han sacudido el sector de la Justicia en los últimos años.

Una de las principales razones detrás de este incremento es el notable aumento de la Instrucción, que ha registrado un impresionante crecimiento del 36% después del considerable desplome del año anterior, un descenso que dejó varios expedientes sin procesar debido a los paros en los juzgados. Este panorama sugiere que la actividad judicial comienza a normalizarse después de un periodo de inestabilidad.

En el ámbito de la violencia de género, se ha observado un ligero descenso en los casos, aunque estos continúan en cifras elevadas respecto a la serie histórica, contabilizando 914 casos atendidos. Es relevante señalar que el crecimiento en el número de casos ocurre a pesar de los requisitos más estrictos para acceder a la justicia gratuita. Esto se debe al incremento del salario mínimo, que no se ha ajustado en paralelo al IPREM, el indicador que se utiliza en España para determinar el acceso a ayudas y subsidios por renta.

Fernando Rosat, responsable del Turno de Oficio del Colegio de la Abogacía de Valladolid (ICAVA), indicó que el umbral de ingresos para acceder a la justicia gratuita se basa en el IPREM, que es inferior al salario mínimo. "Esto sugiere que se está otorgando justicia gratuita a grupos muy vulnerables y con situaciones económicas muy complejas", agregó. Rosat también proporcionó cifras específicas, señalando que el límite de ingresos anuales para una persona que vive sola es de 14.400 euros, mientras que para una familia de tres miembros, es de 18.000 euros.

El aumento del 19,6% en los casos penales abordados, que totalizan 5.518 expedientes, marca este año como el más activo de la última década en esta jurisdicción. Este crecimiento es principalmente atribuido al ascenso de la Instrucción, que se recuperó en 2024 con un aumento del 36,6%, tras haber estado paralizada en 2023 a causa de paros en los juzgados.

Rosat expone que "los delitos más comunes en la vía penal son principalmente estafas, especialmente aquellas relacionadas con la suplantación de identidad y las compras a través de internet. Este incremento en la actividad delictiva ha provocado un aumento significativo en el número de denuncias".

A pesar del ligero descenso del 7,6% en los casos de violencia de género, que se sitúan en 914 en Valladolid en 2024, esta cifra es la segunda más alta de la serie histórica, manteniendo niveles altos en comparación con años anteriores. En cuanto a la protección de las víctimas, se reconoce de forma universal la justicia gratuita para ellas, sin requerir acreditar el nivel de ingresos; sin embargo, no se incluyen las situaciones de agresiones donde no existe relación de pareja con el agresor.

El ICAVA, sin embargo, ofrece servicios gratuitos para mujeres y niñas que son víctimas de agresiones y abusos sexuales, gracias a convenios establecidos con la Diputación de Valladolid y la Junta de Castilla y León. En 2024, se tramitaron 83 expedientes por agresiones sexuales bajo estos acuerdos, y se avanza en el reconocimiento de estos casos, que cada año muestran un patrón de incremento.

Dentro del ámbito penal, también ha crecido el número de expedientes relacionados con el Juzgado Penal (28%) y vigilancia penitenciaria (29%), aunque en términos absolutos, estas cifras son tan bajas que apenas afectan las estadísticas generales, donde pequeñas variaciones pueden dar lugar a grandes porcentajes de cambio.

Por otro lado, los asuntos referentes a menores se mantuvieron estables con un total de 315 casos tramitados. En otras jurisdicciones, los temas civiles fueron los que más crecieron, con un aumento del 22,6%, superando incluso a los penales, al contabilizar 1.918 expedientes en 2024. Este auge se atribuye a un retorno a la normalidad, tras la caída observada por las huelgas del año anterior.

Las jurisdicciones Social, de Extranjería y Contencioso-Administrativa, de menor volumen, experimentaron caídas en sus niveles de atención en 2024. En especial, la de Extranjería evidenció un notable descenso del 18,1%, tratando solo 221 casos, un fenómeno que Rosat contextualiza como la desaparición de un efecto llamada que ocurrió el año pasado debido a los colapsos en otras provincias.

En la jurisdicción Social, los números apenas variaron, con un total de 369 casos, que continúan situándose en cifras elevadas históricamente, gracias a la mayor conciencia entre los trabajadores sobre la posibilidad de solicitar justicia gratuita, sin necesidad de justificar la insuficiencia económica. Por su parte, los temas contencioso-administrativos vieron una leve disminución del 2,3%, con 254 solicitudes procesadas respecto a las 260 del año pasado.

En el ámbito de la jurisdicción Militar, el número de expedientes se mantuvo sin cambios, contabilizando solo 6 casos, un dato tan menor que no afecta las estadísticas generales ni se ve influenciado por factores externos.

El Turno de Oficio en Valladolid cuenta actualmente con 455 abogados que han atendido los 8.304 casos en 2024, lo cual resulta en que cada abogado maneje un promedio de 18 asuntos de justicia gratuita al año. En términos de jurisdicciones, más del 66% de las tramitaciones corresponde a asuntos penales, un 23,1% a casos civiles, un 4,4% a asuntos sociales, un 3% a los contencioso-administrativos y un 2,6% a la jurisdicción de extranjería.

Las solicitudes de mujeres víctimas de violencia de género constituyen, por sí solas, un 11% del total de los casos tramitados por el turno de oficio en el último año. En cuanto a la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, se archivó el 3,1% de los asuntos atendidos por los abogados del ICAVA en 2024, debido a defectos formales en las solicitudes, lo cual significa que, a pesar de la asistencia brindada, no se reconoció la justicia gratuita ni se compensó a los profesionales por sus servicios.

Rosat enfatiza que el 80% de las solicitudes son finalmente aprobadas, lo que refleja que en general, los solicitantes cumplen con los requisitos establecidos, evitando el uso indebido de esta ayuda tan necesaria. Desde el ICAVA también se indican las carencias en la gestión del sistema desde la implementación del primer Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en 2001, ya que el Ministerio de Justicia no ha aumentado los fondos destinados a la infraestructura del Colegio para la gestión de expedientes ni para los servicios del turno de oficio desde entonces.

Rosat también destaca que, desde 2018, han permanecido estancados los reducidos módulos de remuneración y el desactualizado catálogo de procedimientos. A pesar de que el reglamento de 2021 reconoce estas necesidades, en la práctica no se están abonando los procedimientos penales cuando el abogado actúa por requerimiento judicial. Muchas veces el beneficio se deniega por falta de documentación, provocando el archivo de los expedientes.

La compensación media que un abogado del turno de oficio percibe por cada expediente se sitúa en 151 euros, por una labor que requiere disponibilidad 24 horas al día, los 365 días del año, lo cual subraya la rigurosidad y dedicación que los profesionales del derecho tienen hacia sus clientes más vulnerables.