El reciente avance en la regulación del lobo ha sido aclamado por las autoridades de Castilla y León, quienes ven en ello un gran paso hacia la gestión responsable de este animal en la región. Desde 1992, la gestión del lobo al sur del Duero ha estado restringida, y la nueva aprobación del Parlamento Europeo abre la puerta para que las comunidades autónomas, incluido el Gobierno regional, recuperen el control sobre esta especie.
Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, se expresó entusiasta sobre la decisión que permite a su comunidad asumir la responsabilidad sobre la población de lobos. Este cambio no solo es relevante desde un punto de vista administrativo, sino que representa un retorno a la normalidad en la gestión de la fauna local.
En declaraciones recientes, Suárez-Quiñones enfatizó la importancia de que el Gobierno español elabore y envíe un nuevo informe sobre la conservación del lobo antes del 31 de julio. Este informe es esencial, ya que reemplazará el análisis de 2019, que dictaminó un estado desfavorable para la especie. Las comunidades autónomas han manifestado que la situación actual del lobo es de expansión, lo que implica que el Ejecutivo deberá emitir un informe positivo.
El consejero también destacó que, bajo la Ley de Desperdicio Alimentario, se ha introducido una cláusula que garantiza que cualquier informe sobre la conservación del lobo deberá ser aprobado en conjunto por el Gobierno y las comunidades autónomas. Esto asegura un control riguroso sobre la información que se proporcione y limita la posibilidad de una declaración desfavorable como la de 2019.
Suárez-Quiñones subrayó que, con el próximo informe favorable, se abrirá la puerta a una gestión efectiva del lobo no solo al norte del Duero, sino también al sur, una posibilidad que no se ha tenido en más de tres décadas. También recordó que cualquier intento del Gobierno central para restaurar una mayor protección al lobo sería complicado, dado que ya se eliminó su estatus especial bajo la legislación vigente.
El consejero concluyó afirmando que la recuperación del manejo del lobo no debe percibirse negativamente por parte de la población, ya que los esfuerzos de conservación han sido significativos. Esto no solo beneficia a la especie, sino que también es un alivio para los ganaderos de la región, quienes han enfrentado pérdidas significativas debido a la depredación del ganado. Con la gestión del lobo nuevamente en manos de las comunidades autónomas, se espera restablecer el equilibrio en el medio rural y proteger a la ganadería de los efectos devastadores de una población descontrolada de lobos.
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