VALLADOLID, 22 de agosto. En una decisión considerada favorable por el sector agrícola, Asaja Castilla y León ha expresado su apoyo al reciente anuncio del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre el refuerzo en las ayudas directas a los agricultores y ganaderos de las áreas devastadas por los incendios. Este nuevo enfoque responde a la solicitud de proporcionar a estos profesionales al menos la misma asistencia financiera que recibirán otros autónomos afectados.

La organización agraria ha indicado que la Junta ha tomado la iniciativa de rectificar su postura previa, evidenciando una respuesta rápida a las preocupaciones que Asaja había planteado inmediatamente después de que se publicara el acuerdo del Consejo de Gobierno en el Boletín Oficial de Castilla y León. Inicialmente, el plan contemplaba un tratamiento desigual que perjudicaba a los agricultores y ganaderos en comparación con otros pequeños emprendedores afectados por la crisis de incendios.

Los profesionales del campo, aquellos que están registrados en la Seguridad Social Agraria y que cuentan con derechos de la PAC en las zonas impactadas, se beneficiarán de un mínimo de 5.500 euros por explotación. Esta cantidad podría aumentar en función de la superficie agrícola afectada.

Asaja también ha celebrado que la concesión de estas ayudas directas se realizará de oficio, lo que significa que los beneficiarios no tendrán que presentar una solicitud, facilitando así el proceso. Se prevé que estos fondos sean liberados en un plazo próximo.

Entre las próximas acciones planificadas, se llevará a cabo una reunión técnica el próximo viernes para discutir otras medidas destinadas a compensar la pérdida de infraestructuras dañadas, incluyendo cercas y asentamientos apícolas.

El coordinador de la Unión de Campesinos (UCCL) en la región, Jesús Manuel González Palacín, ha expresado su satisfacción por los acuerdos alcanzados y el enfoque positivo del presidente de la Junta durante las negociaciones, sugiriendo la creación de una mesa de reconstrucción que incluya a las Organizaciones Profesionales Agrarias, tal como UCCL había propuesto anteriormente.

González Palacín ha enfatizado la urgencia de que las ayudas se distribuyan rápidamente entre los ganaderos y ha manifestado que aún queda mucho trabajo por hacer para garantizar que nadie quede desprotegido y que todos los afectados puedan continuar con su actividad económica, un objetivo central para UCCL.

A pesar de no haber tenido la oportunidad de discutir la formación de una Mesa de Seguimiento y Planificación con Fernández Mañueco, el coordinador regional de UCCL ha mostrado optimismo tras escuchar el interés del presidente por establecer un foro que involucre a las OPAs.

"Hay una buena disposición por parte del presidente para considerar nuestra propuesta, lo que es crucial para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro," ha afirmado González Palacín.

Aurelio González, secretario general de UPA Castilla y León, también ha calificado como "una excelente noticia" el nuevo esquema de ayudas que permitirá a los agricultores y ganaderos recibir una compensación mínima de 5.500 euros tras los incendios. Según ha señalado, esto corrige el error de 2022, cuando estos profesionales quedaron excluidos de las ayudas, un hecho que fue previamente criticado por UPA.

González ha resaltado que esta reforma asegura una ayuda más equitativa para quienes han visto afectadas sus explotaciones, aunque ha calificado como "insuficiente" el criterio de compensación por la disminución en la producción agrícola, que se basará en imágenes satelitales de las zonas quemadas, con indemnizaciones que no reflejan adecuadamente las necesidades del sector.

Lorenzo Rivera, coordinador de COAG en Castilla y León, ha reaccionado positivamente a los acuerdos, pidiendo agilidad en el reparto de fondos, que son cruciales para los profesionales en este momento crítico. Rivera se ha mostrado confiado en que las ayudas lleguen únicamente a aquellos que realmente necesitan apoyo, asegurando que no se favorezca a quienes no han sufrido daños.

Finalmente, ha instado a la Junta a solicitar al Gobierno central ayudas comparables a las concedidas después de las inundaciones en Valencia, subrayando que la Junta no puede gestionar esta crisis en solitario, aún si se reconoce oficialmente las zonas afectadas como áreas catastróficas.