En un reciente evento en Segovia, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reafirmado su compromiso de clasificar a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, una medida que está en discusión en el ámbito parlamentario y que busca garantizar su protección en el ejercicio de sus labores.

Este pronunciamiento se realizó durante la celebración de La Merced, la festividad dedicada a la patrona de las Instituciones Penitenciarias, en el Centro Penitenciario de Segovia, que conmemora su 25 aniversario desde su inauguración.

Sin embargo, no todo fue celebración, ya que un grupo de unos veinte funcionarios de prisiones se manifestaron a las puertas del centro para exigir mejoras en sus condiciones laborales. En un manifiesto leído por representantes del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), se denunciaron las repetidas agresiones sufridas por el personal y se solicitó su reconocimiento como agentes de la autoridad, así como una equiparación salarial justa.

El ministro, al abordar estas demandas, enfatizó que el objetivo es formalizar la consideración de los funcionarios como agentes de la autoridad dentro de la ley, además de introducir el principio de indemnidad, lo que asegurarían el derecho a recibir compensaciones en caso de sufrir daños durante el desempeño de sus funciones.

Estas iniciativas forman parte de una propuesta de modificación de la Ley General Penitenciaria. Grande-Marlaska también resaltó que, en los últimos años, se han realizado esfuerzos significativos para mejorar las condiciones laborales del personal penitenciario y que se mantiene una comunicación constante con los sindicatos.

En este contexto, el ministro indicó que las clasificaciones laborales han sido reducidas de nueve a tres y que los salarios han aumentado en un 30%. Además, subrayó la mejora de las instalaciones y la creación de un centro de formación esencial para el desarrollo profesional de los funcionarios.

La seguridad del personal penitenciario, afirmó Grande-Marlaska, es una prioridad absoluta para su administración, destacando la implementación de nuevos protocolos para evaluar las agresiones. Atribuyó el aumento de casos reportados a un mayor control y seriedad en la gestión.

El ministro también recordó que, en los últimos siete años, se han convocado un total de 8.700 plazas para funcionarios de Instituciones Penitenciarias, elevando el número total de empleados en este sector a 25.000 y corrigiendo la falta de recursos que se había arrastrado de administraciones anteriores.

Además, se han invertido más de 300 millones de euros en la mejora de infraestructuras y se están utilizando Fondos de Recuperación para asegurar la sostenibilidad energética de los centros penitenciarios.

A pesar de que existe aún trabajo por hacer, Grande-Marlaska se mostró optimista respecto a los logros alcanzados hasta la fecha, destacando la capacitación de los empleados penitenciarios que son considerados entre los mejor formados en su campo en comparación con otros países.

El ministro afirmó que los programas de tratamiento implementados en las instituciones penitenciarias son tan efectivos que, de cada diez reclusos, ocho logran reintegrarse a la sociedad sin reincidir en delitos.

Al evento asistieron importantes figuras, como la subdelegada del Gobierno en Segovia, María Ángeles Rueda, así como el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente.

En su discurso, Grande-Marlaska recordó que en 2018 el sistema penitenciario enfrentaba serias deficiencias, incluyendo plantillas reducidas y salarios estancados. Resaltó el trabajo realizado desde entonces para revertir esta situación.

Por su parte, Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, destacó la evolución hacia nuevas estrategias y el desarrollo de infraestructuras que han enriquecido el sistema penitenciario.

El evento también incluyó la entrega de condecoraciones en honor a profesionales destacados, entre ellos, la Medalla de Oro al Mérito Penitenciario, que se otorgó a varias figuras clave en la mejora del sistema.

Entre los galardonados estuvo Rafael Pérez, ex secretario de Estado de Seguridad, quien recibió la Medalla de Oro al Mérito Social Penitenciario por su compromiso en mejorar la coordinación entre instituciones durante su mandato.