La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha criticado fuertemente la exhibición de banderas de distintos colectivos, en particular la bandera LGTBI, en los edificios públicos. Según Castellanos, estos espacios se han convertido en "tenderetes" al mezclar las enseñas oficiales con las de grupos de presión, lo que considera un desacierto en la representación de los valores sociales.

Este jueves, Castellanos presentó en Valladolid cerca de 13.000 firmas de ciudadanos que apoyan su iniciativa para que la Diputación de la provincia ondee una bandera que simbolice la familia en sus instalaciones. Acompañada de varios miembros de su organización, la activista realizo un acto de protesta frente a la sede de la Diputación, donde exhibió la bandera familiar y una caja con 12.477 firmas que ya habían sido registradas de manera digital.

La controversia se enmarca en el reciente fallo del Tribunal Supremo, que permite la colocación de la bandera LGTBI en los balcones de edificios oficiales durante eventos como el Día del Orgullo Gay. Tanto la Diputación de Valladolid como el Ayuntamiento de Zaragoza, ambas administraciones bajo la dirección del Partido Popular, ya habían exhibido este símbolo en 2020, contradiciendo un fallo anterior que había calificado dicha práctica como una violación de la neutralidad que deben mantener las instituciones públicas.

Castellanos argumenta que esta decisión del Supremo abre la puerta a la posibilidad de mostrar cualquier bandera en edificios públicos, lo que ya no se limita a ciertos grupos de presión. La líder de Abogados Cristianos demanda, por tanto, que la bandera que representa a la familia sea también visible en estos espacios, subrayando que, a diferencia de los lobbies, la familia es una institución fundamental que representa a la sociedad en su conjunto.

Sus demandas están dirigidas principalmente a la Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento de Zaragoza, a los cuales ha amenazado con presentar denuncias si no toman en cuenta su solicitud. Castellanos se abstuvo de opinar sobre la reciente propuesta del presidente de Hungría, Víktor Orbán, que busca modificar la constitución de su país para limitar los géneros a hombre y mujer, y prohibir las manifestaciones LGTBI. Sin embargo, reafirmó su postura sobre la visión tradicional de la familia como un núcleo compuesto por un hombre, una mujer y sus hijos.

Castellanos también hizo mención a los perjuicios sufridos por comunidades cristianas en distintas partes del mundo y a una supuesta discriminación hacia las familias en favor de otros colectivos. En su declaración, resaltó que España tiene aires de una herencia cristiana clara y que promover ideologías que cuestionan la estructura familiar tradicional podría ser perjudicial para la sociedad.

Finalmente, la presidenta de Abogados Cristianos insistió en su llamado a la Diputación de Valladolid y al Ayuntamiento de Zaragoza a dar la misma validez a la bandera de la familia en lo que ella denomina una "guerra de banderas", estableciendo que la bandera LGTBI no representa a la mayoría, mientras que la bandera familiar abarca a toda la sociedad española.