La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco Llamas, ha señalado que la reciente aprobación del anteproyecto de Ley contra la Violencia de Género se sustenta en un protocolo normativo sólido a nivel estatal y europeo, buscando así minimizar la necesidad de futuras enmiendas.

Con fecha de 9 de enero, se ha llevado a cabo en Valladolid el anuncio de este importante avance legislativo, que tiene como propósito expandir la protección a un mayor número de víctimas. Este nuevo marco normativo incluye diversos tipos de violencia, tales como la violencia vicaria, digital y reproductiva, entre otros.

Durante la rueda de prensa que siguió al primer Consejo de Gobierno del año, Blanco Llamas ha proporcionado detalles sobre los principios fundamentales de esta legislación, que se presenta como "pionera". En caso de que logre avanzar en el proceso parlamentario, esta nueva ley sustituiría a la actual normativa vigente, que fue promulgada en 2010, y cuyo principal objetivo es salvaguardar a las mujeres que sufren violencia de género, así como a sus familias y su entorno cercano, incrementando los servicios disponibles para su protección.

Este anteproyecto ha sido fruto de un diálogo constructivo entre diversos agentes económicos y sociales del Diálogo Social, quienes han contribuido a su diseño, junto a más de 78 organizaciones y más de 100 profesionales que han ofrecido su perspectiva a lo largo del proceso de elaboración.

El carácter de esta nueva ley, calificada como "flexible", permite la inclusión de nuevos tipos de violencia que puedan surgir con el tiempo. Blanco Llamas ha destacado que se incluye la violencia vicaria, la digital y la tecnológica, así como aquella ejercida contra personas que apoyan a las víctimas, conocida como violencia de segundo orden.

“Esta ley representa un enfoque moderno y integral, con la misión primordial de proteger, ayudar, prevenir y sensibilizar sobre esta problemática”, ha declarado la consejera. Además, ha enfatizado que la creación de este documento legislativo ha requerido tiempo y dedicación para asegurar que se cuenta con una base normativa completa y coherente, tanto a nivel nacional como europeo, lo que evitará la necesidad de modificaciones posteriores.