El reciente debate en las cortes de Castilla y León ha puesto de manifiesto la división política en torno a la Memoria Histórica y Democrática. El Grupo Parlamentario Popular, en una sorprendente decisión, se ha alineado con la oposición al apoyar el rechazo de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por Vox, que solicitaba la derogación del decreto sobre dicha memoria. El procurador del PP, Ramiro Ruiz Medrano, defendió que esta iniciativa no se trata de reinterpretar el pasado, sino de buscar una verdadera reconciliación entre los ciudadanos.

El Grupo Popular, además, reafirmó su oposición a la Ley de Memoria Democrática de 2022, comprometiéndose a anular esta legislación tan pronto como llegue al Gobierno de España. Ruiz Medrano vaticinó que este cambio no se haría esperar, aunque se opuso a fomentar un ambiente de agitación social y política que solo favorece a aquellos que buscan evadir la atención de sus propios problemas, refiriéndose implícitamente al PSOE y señalando a Vox por su aparente incoherencia política.

En una alusión histórica, Ruiz Medrano evocó la figura de Adolfo Suárez, argumentando que la concordia es una posibilidad que debe ser explorada, recordando que el pasado no debe convertirse en un campo de batalla ideológica, sino en un lugar de encuentro para todos. En tiempos de confrontación, es fundamental discernir qué discusiones son provechosas y cuáles deben ser dejadas atrás, resaltó.

La Proposición No de Ley solo recibió el apoyo de los representantes de Vox y un procurador del PP, Pablo Trillo, quien se unió al voto a favor. El resto del hemiciclo expresó su desacuerdo, evidenciando la falta de consenso en este tema. Además, dos procuradores no adscritos se abstuvieron de votar, añadiendo más complejidad a la situación.

El portavoz de Vox, David Hierro, criticó a sus colegas del PP, sugiriendo que temen actuar en contra de las instrucciones de sus superiores. Con ironía, remarcó las variaciones en la posición del PP en este asunto a lo largo de los años, acusándolos de desorientar a sus votantes con sus contradicciones constantes.

Por otro lado, Luis Briones del Grupo Socialista se opuso firmemente a lo que considera un intento de "blanquear" el franquismo mediante la PNL presentada. Subrayó que esta iniciativa busca presionar al PP, que ha mostrado una notable falta de posición clara sobre este tema, sobre todo después de haber apoyado la denominada "Ley de Concordia".

Briones enfatizó que los socialistas siempre han abogado por una ley autonómica robusta que regule de manera integral la memoria histórica, en lugar de un decreto superficial, aunque reconoció que este último ha logrado algunos avances en el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Asimismo, el Grupo Parlamentario Socialista expresó su orgullo por los logros de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, que han establecido un marco legal centrado en los principios de verdad, justicia y derechos humanos. Resaltaron el compromiso de la izquierda con la promoción de la convivencia y la igualdad entre todos los ciudadanos.

Pablo Fernández, del Grupo Mixto y representante de Unidas-Podemos, calificó la iniciativa de Vox como “execrable” y lo tildó de “fascista”, señalando que intenta borrar la memoria de aquellos que lucharon por valores democráticos en la historia de España. Recodó a personajes como Antoni Benaiges, intentando reforzar la idea de que la memoria histórica no debe ser eliminada.

El procurador Francisco Igea también se sumó a las críticas hacia Vox y lanzó dardos al PP, al que describió como un "espantajo" que ha perdido su esencia y principios. Igea remarcó que el partido ha cambiado de postura de manera inconsistentes, lo que ha llevado a la desconfianza entre sus votantes.

Finalmente, desde el Grupo UPL-Soria ¡Ya!, José Ramón García Fernández argumentó que la memoria histórica es un tema delicado. Hizo un llamado a mantener un enfoque constructivo y responsable, evitando la venganza y el negacionismo. También pidió que se elaborara una normativa autonómica que dignifique a las víctimas y garantice un entendimiento riguroso de la historia.