En una sesión reciente llevada a cabo en Valladolid, el Grupo Popular ha logrado, gracias al apoyo de formaciones como UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila, así como la abstención de Vox y Pablo Fernández de Unidas-Podemos, que se aprobara una solicitud al Gobierno central para implementar una "moratoria inmediata" con respecto al Real Decreto que regula la prescripción de antibióticos para mascotas. Esta petición busca iniciar un proceso de consulta con profesionales del sector.

Los miembros del Partido Popular han expresado su intención de modificar esta normativa para garantizar que las decisiones profesionales de los veterinarios sean respetadas y que se reduzca la burocracia asociada a la misma. Esta demanda surge después de que el decreto, que aplica restricciones también a animales de compañía y exóticos que no forman parte de la cadena alimentaria, generara un amplio descontento.

La procuradora del PP, Lorena de la Fuente, ha resaltado que España ha dado pasos significativos en la reducción del uso de antibióticos en la salud animal, con una disminución cercana al 70% desde 2014. De la Fuente ha criticado que el Gobierno haya adelantado la aplicación de la normativa europea de 2030 sin consultar adecuadamente al sector veterinario, lo que considera un error grave.

En su intervención, De la Fuente ha calificado de "justas" las demandas contenidas en la Proposición No de Ley del PP, argumentando que el Real Decreto limita el criterio clínico de los veterinarios, lo que podría demorar el inicio de tratamientos necesarios para los animales y, en consecuencia, afectar su bienestar y la salud pública.

Además, ha manifestado que el sistema de registro de prescripciones, conocido como Presvet, es complicado y que las sanciones propuestas son desmedidas, lo que limita la capacidad de los profesionales para hacer su trabajo de manera efectiva.

Por parte del Grupo Socialista, el procurador Miguel Hernández Alcojor defendió el Real Decreto, argumentando que responde a una problemática de salud pública crítica: la resistencia a los antibióticos, que causa numerosas muertes cada año. Hernández Alcojor aseguró que el sistema Presvet no afecta a la autonomía clínica de los veterinarios y destacó que hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguna sanción, subrayando la sensibilidad del Gobierno hacia el sector.

El socialista también recordó que los veterinarios ya estaban al tanto de su obligación de reportar las prescripciones con anterioridad y que el Ministerio de Agricultura ofreció recursos para ayudar a los profesionales a adaptarse a este nuevo sistema.

Desde el Grupo Vox, el procurador José Antonio Palomo rechazó la sugerencia del PP de aplazar la normativa, abogando en su lugar por una derogación del decreto que calificó de "absurdo y desalmado", argumentando que compromete tanto la salud de los animales como su supervivencia. "¿Dónde queda el bienestar animal? No podemos permanecer inactivos", concluyó.

En cuanto al Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, su portavoz, Luis Mariano Santos, expresó su apoyo a la propuesta del PP, haciendo hincapié en la necesidad de escuchar a los profesionales antes de tomar decisiones sobre la ley. "Hay que prestar atención a su opinión sobre la idoneidad del decreto", manifestó Santos, quien también coincidió en que la nueva legislación podría interferir en la toma de decisiones de los veterinarios.

Finalmente, Francisco Igea, del Grupo Mixto, no escatimó en críticas al considerar que la situación pone de manifiesto un enfoque "excesivamente progresista" que prioriza a los animales sobre la salud pública. "Esto es el extremo de lo 'woke'", sentenció.