En Burgos, el debate político se intensifica tras la reciente manifestación que reunió a miles de ciudadanos en apoyo a las ONG locales Burgos Acoge, ACCEM y Atalaya. La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, del Partido Popular, ha indicado que tanto su partido como Vox están revisando "varios escenarios posibles" tras este evento, que surge a raíz de la decisión del Ayuntamiento de excluir a dichas organizaciones del convenio destinado a la atención de personas migrantes.

Ballesteros subrayó que el día de hoy se destina al análisis de las implicaciones de la manifestación. Reconoció que existen "visiones diferentes" entre Vox y el PP sobre cómo abordar esta situación, lo que implica que las soluciones que baraja el equipo de Gobierno permanecen abiertas y sujetas a discusión.

Entre las posibles salidas al conflicto se contempla la opción de que la Diputación de Burgos ofrezca algún tipo de asistencia a las ONG mencionadas. Otra alternativa podría ser la reconsideración de la decisión de veto, lo que podría desencadenar una crisis en el pacto del Gobierno municipal. Sin embargo, también se considera la opción de mantener el acuerdo tal y como lo plantea Vox.

A pesar de la presión social, Ballesteros aclaró que, por el momento, "no hay una medida decidida". El equipo de Gobierno está en un proceso de análisis profundo que va más allá de la manifestación, considerando las demandas de otros grupos que también instan al Ayuntamiento a revertir su decisión.

Entidades de diversas índoles, incluidos empresarios a través de la Federación de Asociaciones Empresariales (FAE), la Cámara de Comercio, sindicatos, organizaciones del tercer sector y la Iglesia Católica, han expresado su apoyo a la manifestación popular, pidiendo una solución digna y justa a este conflicto.

La portavoz del PP enfatizó que su partido "empatiza" con quienes han mostrado su apoyo a las tres ONG y destacó que su principal objetivo es "sacar adelante el presupuesto de 2025" sin que dichas organizaciones se conviertan en una víctima colateral de esta política financiera.

Por último, Ballesteros mencionó que el equipo de Gobierno es consciente de que la controversia podría llevar a Unicef a reconsiderar el título de "ciudad amiga de la infancia" que le fue otorgado a Burgos, lo que añade una capa de complejidad a esta delicada situación política y social.