La reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que invalida el decreto de carrera profesional para el profesorado, pone de manifiesto la gestión ineficaz del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Esta situación se presenta como un elemento más para criticar la administración actual del Partido Popular en la región.

Fernando Pablos, portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, ha instado a la Junta a dar cumplimiento a una moción aprobada en 2021 que establece la compatibilidad entre la carrera profesional docente y los sexenios. La falta de atención a esta demanda durante tres años y medio ilustra la desconexión del gobierno con las necesidades educativas actuales.

El rechazo del recurso de casación interpuesto por la Junta hace eco de las preocupaciones que los socialistas han expresado durante años, enfatizando la necesidad de que se respete lo acordado en el Pleno de las Cortes. Para Pablos, la declaración del tribunal es una clara invitación a que se retome este acuerdo plenario y se impulse un nuevo reglamento en el ámbito educativo.

Además, el PSOE planea abordar esta problemática la próxima semana, instando a la Junta a abrir negociaciones con los sindicatos para establecer un nuevo decreto que beneficie a los docentes. Pablos subraya que es crucial que, durante el periodo de transición, no se vean afectados los salarios del profesorado, defendiendo que esto es una cuestión de justicia ante la situación actual.

Javier García, responsable de Educación del PSOE en Castilla y León, sostiene que esta sentencia refleja una vez más la insuficiencia de la gestión de la Junta y plantea una valiosa oportunidad para crear un nuevo reglamento, en colaboración con los sindicatos y partidos políticos. La crítica a la retórica del Partido Popular sobre la excelencia educativa y la meritocracia se hace evidente, configurando un panorama donde el cuerpo docente se encuentra entre los mejor calificados pero, paradójicamente, de los peor remunerados del país.

García también ha instado al gobierno a actuar con urgencia para evitar que este fallo judicial implique consecuencias negativas para los educadores en sus nóminas. La sentencia, que reconoce el recurso presentado por la UGT y lleva a la Junta a asumir costos, resalta la importancia del trabajo de los sindicatos, el cual ha sido desvalorado por la administración de Mañueco en diversas ocasiones. Este contexto evidencia la urgentísima necesidad de un cambio en el enfoque hacia la educación pública en la comunidad autónoma.