VALLADOLID, 21 de noviembre. En un giro inesperado de los acontecimientos políticos en la comunidad, el Grupo Parlamentario Socialista ha tomado la iniciativa este jueves 21 de noviembre al presentar una solicitud para la urgente convocatoria de la Comisión de Reglamento de las Cortes. El objetivo es discutir la necesidad de desarrollar o modificar el artículo 31.1 de la normativa que rige el funcionamiento de la Cámara, estableciendo un régimen de incompatibilidades que se alinee apropiadamente con las retribuciones de los procuradores. Esta situación ha sido calificada por los socialistas como un pertinente “limbo” que no puede prolongarse, tal como ha subrayado el grupo en su comunicación, describiendo la situación actual como “insostenible” y “inaudita” en comparación con el funcionamiento de otros parlamentos.

Además, el mismo grupo ha solicitado la comparecencia del letrado Luis Gracia, actual titular de la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León. Esta comparecencia se demanda con el propósito de que Gracia informe e indague sobre casos específicos de procuradores que, al parecer, han estado recibiendo remuneraciones tanto por su labor en las Cortes como por actividades privadas fuera del ámbito parlamentario, lo cual podría verse como un posible conflicto de intereses que afectaría negativamente los intereses de la comunidad autónoma.

En una rueda de prensa tras presentar la mencionada solicitud, la secretaria general del Grupo Socialista, Rosa Rubio, expresó su frustración tras haber recibido un informe el pasado 15 de noviembre que aborda las incompatibilidades retributivas de los procuradores, un tema que, según sus palabras, ha sido reclamado en hasta ocho ocasiones desde el año 2021, siendo la primera de estas convocatorias el 22 de abril de ese mismo año.

Rubio hizo hincapié en el tiempo que ha transcurrido desde entonces, exclamando que han pasado “tres años y siete meses”, y no omitió la ironía al señalar la “casualidad” de que dicho informe se haya entregado en un momento en el que el anterior portavoz del Grupo Parlamentario Popular y actual eurodiputado, Raúl de la Hoz, ya no ejerce su cargo como procurador con dedicación exclusiva en el Parlamento de Castilla y León. Este último, en su reciente declaración en Bruselas, admitió haber cobrado 40.000 euros de un bufete de abogados, lo que ha suscitado aún más preguntas sobre la transparencia en las actividades de los legisladores.

La procuradora socialista también expresó su descontento respecto a la gestión que De la Hoz tuvo de esta información hasta que llegó a su actual cargo en Bruselas, sugiriendo que esta situación podría haberse prolongado “por lo menos” durante el último año y exhortando a la Autoridad Independiente en materia de corrupción a iniciar una investigación exhaustiva que emita un informe que aclare estas dudas y beneficie a la transparencia del proceso legislativo.

Rubio manifestó tener motivos para sospechar que podrían existir casos similares entre otros parlamentarios, por lo que reiteró la importancia de que se genere un informe para que la Autoridad Anticorrupción pueda intervenir. En sus declaraciones, la secretaria del Grupo Socialista aseguró que “pondría la mano en el fuego” por afirmar que los procuradores del PSOE no se encuentran en tal situación. Esto, como un intento de diferenciar la postura del partido frente a lo que ha catalogado como prácticas poco éticas por parte de otros miembros de la Cámara.

Finalmente, Rubio dejó claro que no se debe permitir que alguien sea “juez y parte” en asuntos de tal envergadura. Cuestionó si el despacho de abogados donde se generó el pago a De la Hoz pudo tener alguna relación, ya sea de manera directa o indirecta, con asuntos que involucran a la Junta, argumentando que estas interrogantes merecen respuestas claras que aborden los principios de “transparencia, moralidad y regeneración democrática” que son fundamentales en la esfera política.