Crónica Castilla y León.

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Sentencian a una madre a 18 meses por intentar introducir drogas y un teléfono a su hijo en prisión.

Sentencian a una madre a 18 meses por intentar introducir drogas y un teléfono a su hijo en prisión.

SALAMANCA, 24 de julio. La Audiencia Provincial de Salamanca ha dictado sentencia condenatoria contra una mujer, quien enfrentará un año y medio tras las rejas y una multa de 440 euros. Los cargos en su contra surgieron a raíz de un intento de introducir sustancias ilegales, como hachís y cocaína, así como una tarjeta telefónica, a su hijo, quien se encuentra cumpliendo condena en el penal de Topas, Salamanca.

La acusada ha sido declarada responsable de un grave delito contra la salud pública, relacionado con el tráfico de sustancias que pueden causar serios daños a la salud. La sentencia incluye una atenuante por su fuerte adicción a las drogas, de acuerdo a información proporcionada por Europa Press.

Además de la pena de prisión, la mujer también ha sido inhabilitada para ejercer su derecho al voto durante el tiempo que dure la condena. Si no logra pagar la multa impuesta, podría enfrentarse a un mes adicional de encarcelamiento como medida de responsabilidad subsidiaria.

La sentencia detalla que la mujer, quien ya contaba con un historial delictivo que incluye doce condenas previas, intentó realizar la entrega ilícita el pasado 4 de enero del 2024, a las 17:10 horas, durante una visita a su hijo en el centro penitenciario.

Mientras aguardaba su turno, unidades caninas realizaron una inspección y señalaron a la acusada, quien, al ser revisada, extrajo de sus partes íntimas cuatro bellotas de hachís, pesando un total de 53,24 gramos con una pureza del 27,12%, así como 3,15 gramos de cocaína, con una pureza del 88,89%. También llevaba consigo una tarjeta telefónica y una nota con datos que pretendía entregar a su hijo.

Las sustancias confiscadas tienen un valor que varía entre 102,05 y 361,50 euros en el caso del hachís, y de 117,20 a 874,0 euros para la cocaína en el mercado negro. La condenada es reconocida como consumidora habitual de estas drogas y su diagnóstico de dependencia ha sido señalado en el fallo del tribunal.