VALLADOLID, 5 de noviembre.

Las cinco entidades que participan en la Mesa Sectorial de Educación, representadas por CSIF, ANPE, STECyL-i, UGT y CCOO, han manifestado un firme compromiso de unirse en la exigencia a la Junta de Castilla y León para que se implementen mejoras salariales significativas para los docentes. Además, han advertido que, si sus demandas no son atendidas, no dudarán en considerar diversas medidas de presión, siempre buscando actuar de manera conjunta como sindicatos.

En este contexto, las organizaciones mencionan la necesidad de una mejora lineal de las retribuciones del profesorado, que incluya un aumento del complemento autonómico. También destacan la urgencia de establecer una estrategia que impulse la profesión docente, la creación de un complemento de tutoría aplicable a todos los docentes, el cumplimiento de la Proposición No de Ley aprobada en 2021 referente al pago de sexenios y carrera profesional, así como la reducción de la carga lectiva para los profesores mayores de 55 años.

Esta serie de demandas será presentada en la próxima sesión de la Mesa Sectorial, un espacio que, según las representantes sindicales, ha degenerado en un mero proceso administrativo sin verdadera capacidad de resolución. Isabel Madruga, representante de CSIF, ha enfatizado que los cinco sindicatos están unidos en su lucha y que su presencia conjunta debería ser motivo de reflexión para la Consejería de Educación, subrayando que su unidad permanecerá hasta que sean escuchados. Han dejado claro que, mientras esperan una respuesta, no se descartan medidas de presión que buscarán llevar a cabo de manera coordinada.

Madruga ha señalado que desde el 7 de octubre, la consejera de Educación, Rocío Lucas, fue informada formalmente sobre estas reivindicaciones a través de una carta conjunta. La representante ha remarcado que desde 2006 han sido escasos los avances en cuanto a las retribuciones, y desde 2010, este colectivo ha visto cómo su poder adquisitivo se ha visto mermado en comparación con otras comunidades autónomas, con diferencias que pueden alcanzar entre 500 y 900 euros con respecto a las que mejor remuneran a sus profesores.

Por su parte, Pilar Gredilla de ANPE ha puesto de relieve el preocupante déficit de docentes, afirmando que esta parálisis en la evolución salarial llevará a una situación crítica a medio y largo plazo. Como evidencia, ha mencionado que al inicio de este curso escolar, después de unas oposiciones para Secundaria, quedaron vacantes 299 plazas, lo que hace imprescindible una estrategia concreta que impulse la profesión docente.

Gredilla ha advertido que es vital que la profesión se convierta en una opción atractiva para los jóvenes, ya que actualmente se observa una notable fuga de talentos hacia el sector privado y otras comunidades donde se ofrecen mejores condiciones laborales que las que brinda la administración autonómica.

Desde STECyL-i, Christina Fulconis ha expuesto que la dedicación que los docentes tienen hacia sus alumnos no está siendo debidamente reconocida en sus condiciones laborales. Ha apuntado que la carga de trabajo excesiva y las variadas necesidades del alumnado requieren un esfuerzo adicional que está afectando negativamente al entorno laboral del profesorado. Por lo tanto, ha solicitado un complemento específico de tutoría que se aplique a todos los niveles educativos.

Beatriz García de UGT ha destacado la paradoja que los docentes de Castilla y León enfrentan al ser obligados a elegir entre recibir complemento por sexenio o por carrera profesional, una situación que no ocurre en otras comunidades autónomas que también han adoptado la Ley de Carrera Profesional, como es el caso de Asturias y La Rioja. Recuerda que, en octubre de 2021, las Cortes instaron a la Junta a eliminar esta incompatibilidad, pero lamentablemente, a tres años de esa promesa, el profesorado sigue a la espera de que se implementen estas medidas legislativas.

Finalmente, Elena Calderón de CCOO ha defendido la necesidad de reducir la jornada lectiva para los docentes mayores de 55 años, sin que esto implique una reducción en su jornada laboral total, de acuerdo a lo establecido por la LOE en 2006. Calderón ha afirmado que existen nuevas necesidades que este colectivo podría abordar en los centros educativos. Asimismo, ha pedido que se aumenten las cuantías de los factores de itinerancia, tomando en cuenta las características demográficas de Castilla y León, que alberga un elevado número de centros rurales y dispersos. Ha lamentado que la docencia se esté convirtiendo en una profesión cada vez menos atractiva, con plazas de seis horas semanales que a menudo no se cubren, lo que repercute negativamente en la calidad de enseñanza.