El pasado 15 de abril en Salamanca, la Fiscalía ha presentado una solicitud que incluye una pena de dos años de prisión y una indemnización de 3.000 euros, tras la presunta agresión sexual perpetrada por un exprofesor de Derecho de la Universidad de Salamanca (USAL) contra una estudiante. Esta información ha sido difundida por El País en su reciente publicación.

El escrito acusatorio también identifica a la USAL como responsable civil subsidiario, lo que significa que la institución podría ser considerada económicamente responsable por los actos del exprofesor. Además, se demanda que el acusado cumpla con una orden de restricción que le impida acercarse a menos de 200 metros de la alumna afectada y que participen en programas de educación sexual durante tres años.

Los detalles del caso narran que, en una tarde de diciembre de 2022, la estudiante se presentó en la oficina del docente en la Facultad de Económicas para recibir asesoría sobre un trabajo relacionado con su curso de Derecho Mercantil, poco después de las ocho. Según el relato de la Fiscalía, el profesor cerró la puerta y comenzó a hacer preguntas sobre la vida personal de la joven, llevándola a una situación incómoda. En un momento dado, supuestamente comenzó a tocarla inapropiadamente, lo que dejó a la estudiante en estado de shock y bloqueada, hasta que finalmente optó por levantarse y alejarse de la situación, según el acusador público.

La estudiante, originaria de América Latina y con raíces familiares en España que se remontan a varios años, se ha presentado como parte de la acusación particular, según los detalles proporcionados por la misma fuente.