LEÓN, 18 de septiembre. En fechas recientes, un grupo de siete plataformas ecologistas ha decidido elevar una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad, señalando al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por supuestos lazos con una empresa que está promoviendo un macropolígono de residuos en San Justo de la Vega, León.

Las organizaciones que han presentado esta denuncia incluyen a aclamadas agrupaciones como Bierzo Aire Limpio, Cepeda Viva, Luna Verde, y otras más. Estas entidades afirman haber documentado una serie de "irregularidades" que consideran podrían ser constitutivas de delitos relacionados con la gestión medioambiental.

El proyecto en cuestión está vinculado con la empresa Valorización Verde SA, la cual se beneficiaría de un "plan de interés regional" en Castilla y León, lo que les otorgaría diversas ventajas tales como la reducción de plazos y exigencias administrativas. Según un comunicado de la Plataforma Gestión de Residuos, este trato diferenciado contrasta con los rigurosos procedimientos que deben seguir otros proyectos dentro de la misma área.

Adicionalmente, se ha señalado que Valorización Verde SA está aparentemente bajo el control de Asturiana de Laminados SA (ASLA), compañía en la que, según documentos oficiales, el hijo de Suárez-Quiñones ha ocupado puestos de alta dirección. A pesar de esta situación que indicaría un posible conflicto de intereses, el consejero no se abstuvo de conceder las licencias y la declaración de interés regional necesarias para el avance del proyecto.

Las organizaciones denunciantes han resaltado la evidente "confusión de intereses" y han insinuado que ha habido un "trato preferencial" en la concesión de permisos firmados por Suárez-Quiñones. Sostienen que, en numerosas decisiones políticas, el consejero y su partido han mostrado una alarmante falta de separación entre los intereses públicos y privados.

Además, las plataformas han afirmado que la incapacidad de Suárez-Quiñones para gestionar adecuadamente la crisis de incendios que la región padeció en agosto pone de manifiesto que su continuidad en el cargo representa un peligro para el medio ambiente.

Por si fuera poco, las asociaciones han llevado también a la Fiscalía Anticorrupción otras posibles irregularidades asociadas a la actuación del consejero en el Parque Natural de Babia y Luna, que podrían infringir lo estipulado en el Código Ético de Altos Cargos de la Junta de Castilla y León y podrían ser también constitutivas de delito.

En este marco de denuncia, las entidades ecologistas han exigido la necesidad de "romper el muro de la impunidad" que, a su juicio, caracteriza a las políticas ambientales de la Junta. Han expresado su esperanza de que la Fiscalía Anticorrupción logre profundizar en este asunto y esclarecer los hechos.