El 25 de abril en Valladolid, la Diputación Provincial ha tomado una decisión crucial al aumentar el presupuesto destinado al Plan de Vivienda, llevándolo a 3,1 millones de euros. Este paso busca abordar la creciente emergencia de la despoblación en las áreas rurales, ofreciendo ayudas tanto a los Ayuntamientos como a particulares para fomentar el alquiler, la adquisición de terrenos para construir viviendas sociales y la rehabilitación de inmuebles existentes.

Conrado Íscar, presidente de la Diputación, presentó esta renovación del programa, enfatizando que se basa en una comprensión directa de la realidad local. Señaló la incongruencia que se observa en el ámbito rural: aunque muchos pueblos se están despoblando, existe un interés genuino por parte de personas que desean trasladarse a estos lugares, pero se enfrentan a la dificultad de encontrar viviendas adecuadas.

Íscar destacó el significativo incremento en la inversión, que ha pasado de 1,3 millones a 3,1 millones, subrayando que esta estrategia es vital en el ámbito habitacional. Este aumento se hace posible gracias a la buena salud financiera de la Diputación, que ha podido sumar 1,7 millones procedentes del superávit de 2024 a los 1,4 millones iniciales, como detalló el presidente.

El Plan de Vivienda 2025 se organiza en dos grandes áreas de acción: una dirigida a los municipios y otra a personas que buscan establecerse en los pueblos de la provincia. Especialmente, el programa de Vivienda Joven verá un incremento en su presupuesto a 600.000 euros, un aumento respecto a los 491.000 euros del año anterior.

Este nuevo presupuesto beneficiará a los jóvenes que buscan mejorar su acceso a la vivienda, a través de cuatro iniciativas específicas. Estas incluyen ayudas para financiar honorarios de proyectos de construcción o rehabilitación, subvenciones para hipotecas de casas en localidades con menos de 20.000 habitantes, apoyos para el alquiler y asistencia en reformas de viviendas sin requerir un proyecto previo.

Una de las innovaciones de este programa es el aumento de las ayudas que podrán alcanzar hasta 4.000 euros. Además, se han incorporado incentivos específicos para la instalación de energías renovables en los hogares, según lo indicado por Íscar.

Las ayudas para la rehabilitación de viviendas rurales también se incrementarán, llegando a 350.000 euros, un aumento significativo respecto a los 300.000 euros de 2024. Esta iniciativa busca no solo restaurar las viviendas existentes, sino también adaptarlas a las exigencias contemporáneas, facilitando así el alquiler social y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de quienes habitan el medio rural.

El programa también sigue apoyando a personas mayores de 37 años que requieran asistencia para alquilar en los municipios de la provincia. Este apoyo se ha ampliado, con un presupuesto de 100.000 euros, que duplica lo asignado el año pasado, permitiendo a cada solicitante acceder a un máximo de 4.000 euros, dependiendo de la localidad.

La mayor parte del presupuesto se destinará a los Ayuntamientos, con una inversión total de 2.006.000 euros, lo cual representa un aumento sustancial respecto a los 515.000 euros del año anterior.

Las ayudas se estructuran en cuatro líneas distintas. La 'línea A' está orientada a la compra de viviendas para alquiler, con un total de 515.000 euros y un límite de hasta 25.000 euros por inmueble. Este es el único apartado que se mantiene de convocatorias anteriores.

La 'línea B', introducida este año, se enfoca en la construcción de viviendas por parte de los Ayuntamientos, con un presupuesto de 791.000 euros y una subvención máxima de 150.000 euros por proyecto. La 'línea C', también nueva, destinará 300.000 euros a la rehabilitación de viviendas municipales para alquiler, con un límite de hasta 40.000 euros por municipio.

Por último, se añade la 'línea D', que apoya la compra de terrenos o la urbanización para construir viviendas, con un total de 400.000 euros en ayudas y un máximo de 60.000 euros por proyecto. Esta línea incluye un componente importante al reservar el 50% de los fondos para los municipios de la comarca de Tierra de Campos, redistribuyendo el resto si no se agota este presupuesto.

Los plazos de ejecución de las ayudas se ampliarán hasta 40 meses, permitiendo así que los ayuntamientos completen los proyectos desde la notificación de resolución, dado que el exceso de burocracia a menudo ha provocado retrasos.

Finalmente, el Plan Provincial de Vivienda contempla el Programa Rehabitare, que se ejecutará gracias a la colaboración de la Diputación y la Junta de Castilla y León, con una asignación de 832.000 euros en los próximos cuatro años para la rehabilitación de viviendas de propiedad municipal, asegurando 208.000 euros anuales, cada parte aportando el 50%.

Íscar concluyó enfatizando la urgentísima necesidad de contar con un stock adecuado de viviendas que permita la llegada de nuevas familias a las localidades rurales, destacando así el compromiso de su administración en proporcionar las ayudas necesarias tanto a familias como a municipalidades, con el fin de facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural.