La provincia de Valladolid está en la mira de la Junta de Castilla y León, que ha decidido solicitar la intervención del Gobierno central al clasificar su situación como una zona gravemente afectada por emergencias de Protección Civil. Esta medida se da tras las intensas tormentas de lluvia y granizo que azotaron la región el 4 y 5 de julio, causando estragos en múltiples localidades.

El portavoz del gobierno regional, Carlos Fernández Carriedo, destacó que las precipitaciones generaron importantes inundaciones, resultando en una serie de incidentes que comprometieron la seguridad de los ciudadanos. En este contexto, se llevó a cabo el rescate de dos personas que quedaron atrapadas en sus vehículos debido a una repentina acumulación de agua, destacando que se reportaron un total de 76 incidentes relacionados con este fenómeno meteorológico adverso.

Entre las localidades más golpeadas se encuentra Medina del Campo, donde se dieron situaciones críticas como el colapso del techo del polideportivo Barrientos. Además, se inundó el nivel inferior de la residencia de ancianos 'San José', y se reportaron daños significativos en el colegio de la misma denominación, con voladuras en techados y paneles solares. Las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento también sufrieron averías, mientras que el asfalto se levantó en varias calles, ocasionando inundaciones en comercios, garajes y residencias.

Villanubla no se quedó atrás, ya que también experimentó inundaciones en varios comercios y viviendas. Rueda se enfrentó a una situación alarmante al ver afectadas 1.500 hectáreas de cultivo, de las cuales500 pertenecen a viñedos, además de daños en el patrimonio local como la ermita del Cristo.

Por último, las localidades de Bocos de Duero y Peñafiel sumaron a la lista de afectados, con inundaciones que impactaron también en locales comerciales y viviendas.

El portavoz Fernández Carriedo recordó que el 4 de julio, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta había emitido una alerta de nivel naranja. La situación se agravó, lo que llevó a la Delegación Territorial a activar el PLANCAL en estado de emergencia, estableciendo un Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) para hacer frente a la crisis.

El Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León se mantuvo vigente hasta el 6 de julio, después de que las condiciones meteorológicas se normalizaran en las áreas afectadas. Tal y como lo establece la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, la Junta ha declarado que la situación se ajusta a la definición de catástrofe, evidenciando que los daños causados superan la capacidad de respuesta de la Comunidad.

Finalmente, Fernández Carriedo destacó que la ley prevé intervenciones del Estado en emergencias de tal magnitud, incluyendo medidas de prevención y planes de recuperación, que se implementarán una vez que se formalice la declaración de emergencia. Esto abarca desde estudios de riesgo hasta iniciativas de concienciación, todo con el fin de mitigar futuros desastres y asegurar la seguridad de los ciudadanos afectados.