Un amplio grupo de veterinarios de Castilla y León ha mostrado su descontento ante la nueva normativa que, según ellos, supone un grave riesgo para la salud de los animales. La reciente implementación del Real Decreto 666, que tuvo lugar el 6 de enero, ha desencadenado protestas en varias provincias de la comunidad, donde los profesionales del sector se han manifestado para solicitar su anulación.

En Valladolid, cerca de mil veterinarios se concentraron junto a sus mascotas para alzar la voz en contra de lo que califican como un reglamento “demoníaco” que limita su autonomía profesional y complica su labor cotidiana. Durante la manifestación, los asistentes sostuvieron pancartas con mensajes como ‘Comprometidos con el uso responsable de los antimicrobianos’ y corearon consignas enérgicas que evidencian su indignación por la situación.

Representantes de colegios de veterinarios, sindicatos y empresarios también se unieron a la movilización, que abarca a 439 veterinarios en Valladolid y alrededor de 3.500 en toda la región. Criticaron el decreto por restringir su capacidad para prescribir y dispensar medicamentos veterinarios, incluyendo antibióticos, relegando esa responsabilidad a farmacias y otros centros, lo que, a su juicio, socava su autonomía profesional y capacidad de tratar adecuadamente a los animales, especialmente en casos específicos.

Rufino Álamo, presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid, reprochó que las observaciones realizadas durante la elaboración del decreto no fueron consideradas. Destacó que la normativa, contrariamente a lo declarado por la Unión Europea, podría generar efectos opuestos a los desejados, resultando en un incremento en la resistencia antimicrobiana en lugar de su reducción.

El dirigente enfatizó que la veterinaria española ha liderado importantes avances en la disminución del uso de antimicrobianos en los últimos años. Sin embargo, con esta nueva normativa se ve limitada en su capacidad de utilizar antibióticos específicos y apropiados para cada tipo de mascota, lo que podría afectar gravemente la salud de los animales, especialmente de aquellos más pequeños.

“La nueva normativa nos impide usar los antibióticos más efectivos, obligándonos a recurrir a alternativas menos adecuadas”, expresó Álamo, quien también hizo hincapié en la creciente burocracia que genera inseguridad legal entre los veterinarios, sometidos a la amenaza de sanciones severas.

En la misma línea, Amancio Fisac, portavoz de veterinarios en Burgos, sostuvo que la regulación debe ser justa y equivalente a la de otros países europeos. Destacó la importancia de defender la salud de los animales y la dignidad de la profesión, recordando que la atención veterinaria no cuenta con medicamentos específicos para cada especie, lo cual complica enormemente su labor.

Idénticas preocupaciones fueron expresadas en León, donde Luciano Díez, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios, subrayó que la actual legislación impide a los veterinarios emplear los tratamientos que han demostrado ser efectivos en el pasado, colocándolos en la difícil situación de incumplir la ley o comprometer el bienestar de los animales.

En Palencia, José Gallo, portavoz del colectivo, lamentó que no se haya tomado en cuenta la experiencia clínica de los veterinarios en la formulación del decreto, el cual limita su capacidad de actuación basándose en criterios obsoletos que no reflejan la realidad de la medicina veterinaria actual.

Similares reclamos se hicieron notar en otras provincias, como Salamanca, donde los veterinarios exigieron libertad en la prescripción de medicamentos, igual que sus colegas médicos. La falta de flexibilidad en la normativa actual no solo afecta la práctica veterinaria, sino que también repercute de manera negativa en la salud pública, un aspecto que debería ser prioritario.

Finalmente, en Segovia y Zamora, veterinarios y propietarios de animales se unieron a las protestas, indicando que la falta de consulta durante el proceso de creación del decreto es preocupante y que la imposición de tratar a los animales con tratamientos menos efectivos solo perjudica a los pacientes y no responde a las necesidades reales de la atención veterinaria.