BURGOS, 13 de noviembre. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha manifestado públicamente su cercanía ideológica a Vox en comparación con el PSOE, destacando que existen notables discrepancias en los proyectos presentados para la ciudad por parte de los socialistas. Ayala ha asumido la responsabilidad de la decisión de excluir a tres ONGs de las ayudas municipales, una petición realizada por Vox, y ha justificado esta acción como un paso necesario para asegurar la estabilidad en la aprobación de los presupuestos para 2025.

Durante una rueda de prensa, Ayala subrayó que el pacto de gobierno firmado con Vox en 2023 ha sido un compromiso que reconoce las diferencias entre ambos partidos, a pesar de que comparten más afinidades que con los socialistas. La alcaldesa enfatizó que las posturas de PP y PSOE han demostrado ser incompatibles en diversas ocasiones, lo que ha llevado a su inclinación hacia la colaboración con Vox.

La cuestión salió a relucir durante la presentación de la participación del Ayuntamiento y la Diputación en eventos como ARPA e Intur. En este contexto, Ayala fue cuestionada sobre la posibilidad de revertir la decisión de no incluir a Accem, Atalaya y Burgos Acoge en las ayudas municipales, condiciones que Vox ha planteado para dar su visto bueno al presupuesto del próximo año.

La regidora recordó que el acuerdo con Vox está en vigor durante todo el mandato, señalando que los dos partidos tienen visiones diferentes especialmente en temas delicados como la inmigración, que han presentado obstáculos en la colaboración. Sin embargo, destacó que el PP no traicionará su promesa de ofrecer estabilidad a la ciudad mediante la aprobación de un presupuesto que, según ella, es vital para no repetir los errores del anterior gobierno socialista, que dejó a la ciudad paralizada.

Ayala insistió en que, si el PP hubiera tenido mayoría, las ayudas no habrían sido eliminadas. Además, ha señalado que el presupuesto será presentado para su aprobación inicial el próximo 22 de noviembre, con la esperanza de que se valide de forma definitiva a finales de diciembre. Esto permitiría, por primera vez en muchos años, que el Ayuntamiento cumpla con su obligación de tener un presupuesto finalizado al concluir el año, facilitando así el desarrollo del proyecto de ciudad ideado en junio de 2023.

Ante la posibilidad de nuevas demandas por parte de su socio de gobierno, Ayala prefiere adoptar un enfoque prudente y avanzar "partido a partido". Es consciente de que la ausencia de las ONGs obligará al área de Servicios Sociales del Ayuntamiento a asumir tareas que antes dependían de estas organizaciones, reiterando que los presupuestos están destinados a apoyar a quienes no puedan hacer frente a ciertas situaciones.

La alcaldesa aclaró que el 40% del presupuesto se destina a estos servicios y que, aunque es un desafío, se asumirán como se pueda. Por su parte, Borja Suárez, presidente del PP de Burgos y de la Diputación, estuvo de acuerdo con Ayala en que contar con un presupuesto que brinde estabilidad es fundamental, aunque no le agrada la manera en que se ha llegado a este acuerdo debido a la renuncia en las ayudas a las ONGs.

Suárez hizo hincapié en las contradicciones que surgen dentro de Vox, señalando los "diferentes Vox" que operan en la comunidad, uno de los cuales ha roto recientemente un pacto de gobierno. A pesar de las exigencias del socio municipal, también reconoció la valiosa aportación de la población migrante al crecimiento de la provincia de Burgos y valoró el trabajo de las asociaciones que facilitan su integración, ofreciendo el apoyo de la Diputación para continuar con esta labor en beneficio de todos.

Así, Suárez aseguró que se seguirá protegiendo el trabajo de las asociaciones "hasta las últimas consecuencias", reafirmando un compromiso con la cohesión social en la provincia.