El martes 22 de mayo, los sindicatos UGT y CCOO presentaron una solicitud a la Fiscalía Provincial de Valladolid para que se investigue una convocatoria "excepcional" realizada por la Dirección General de Trabajo. Los sindicatos creen que dicha convocatoria podría estar recibiendo una subvención ilegal y podría ser constitutiva de delito penal.
Ambos sindicatos han emitido un comunicado de prensa conjunto en el que señalan un posible ilícito penal por incumplimiento de la Ley de Subvenciones estatal y autonómica, además de la Ley autonómica 8/2008, de Diálogo Social y Participación Institucional.
Los sindicatos también acusan al Gobierno de Castilla y León de supuestamente apoyar ataques a las organizaciones sindicales más representativas por parte de la extrema derecha en el gobierno y de ir en contra de los principios legales democráticos. Además, UGT y CCOO han tenido que recurrir a denunciar ante los tribunales anteriores "malas prácticas" por parte del Ejecutivo autonómico en otras materias de su competencia, como la inmigración, la prevención de riesgos o la orientación.
En esta ocasión, los sindicatos deciden actuar después del proceder de la Consejería de manera "arbitraria y antidemocrática". UGT y CCOO aseguran que el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, de Vox, no les ha dejado otra salida que llevar el conflicto a los tribunales.