Un delito de trata de personas ha sido desmantelado en Valladolid, donde se han arrestado a ocho individuos vinculados a un clan familiar. Gracias a la operación denominada "Cabila", se han liberado trece mujeres, en su mayoría oriundas de Paraguay y Perú, que habían sido objeto de explotación sexual.

La intervención policial fue anunciada por Jacinto Canales, subdelegado del Gobierno en Valladolid. Acompañado por varios altos mandos de la Policía Nacional, Canales destacó la importancia de esta operación y la lucha contra lo que calificó como una forma contemporánea de "esclavitud". Este caso marca ya la segunda operación de este tipo en la ciudad solo en lo que va del año.

Las incógnitas sobre esta red comenzaron a despejarse hace un año, cuando se tomó la declaración de una víctima que había sido persuadida para ejercer la prostitución en una "casa de citas". Esta mujer, en situación irregular y vulnerable, fue capturada por una mujer paraguaya que se aprovechó de su necesidad de enviar dinero a su familia en su país natal.

La investigación reveló que las víctimas eran llevadas a uno de los seis locales controlados por el clan, donde enfrentaban condiciones de vida deplorables y eran sometidas a un estricto control. De las trece mujeres rescatadas, cinco eran paraguayas, dos peruanas, una argentina y una española.

Además de la explotación sexual, se descubrió que en estos pisos también se traficaba con drogas, afectando aún más a las víctimas, quienes eran vistas como mero recurso económico. La matriarca del clan, la principal responsable de la captación y traslado de las mujeres, ejercía un control absoluto sobre ellas hasta que lograban saldar una supuesta deuda por el viaje a España.

Las víctimas se encontraban en un hacinamiento extremo dentro de los apartamentos. Inicialmente, eran alojadas bajo la supervisión de la nuera de la matriarca, quien regulaba cada detalle de sus vidas, incluyendo la tarifa de servicios y la autorización para salir a comprar provisiones.

Un aspecto crítico de esta red es que las mujeres eran frecuentemente reclutadas entre sus propias familias, alimentando así un ciclo de abuso que se perpetuaba generacionalmente. Las víctimas estaban obligadas a estar disponibles todo el tiempo, sin ningún día de descanso, y eran sometidas a condiciones de trabajo inhumanas.

Con el tiempo, las mujeres eran trasladadas a otro piso, también bajo el control del clan, donde las condiciones eran igualmente abusivas e incluso existía un sistema de videovigilancia que monitoreaba su comportamiento continuamente.

Mientras la matriarca se encargaba de la captación, su hija mayor asumía la responsabilidad de la gestión económica del clan, organizando anuncios en línea y controlando la operación de la red. Esta joven ejercía una influencia aterradora sobre las víctimas, utilizando elementos de santería para mantener el temor y la sumisión.

Además, se encontró que el proveedor de sustancias ilegales era la pareja de la hija, quien estaba presente durante la operación policial, donde se requisaron varias dosis de cocaína preparadas para su venta a los clientes de los servicios sexuales.

La investigación ha llevado a la detención de los miembros del clan y a la incautación de evidencias que apuntan a la magnitud de la explotación. Las mujeres rescatadas, de entre 19 y 26 años, mostraban los estragos de la violencia y el abuso sistemático que sufrieron durante su cautiverio. Los arrestados enfrentarán cargos por trata de personas, aunque por el momento se encuentran en libertad con restricciones legales.