VALLADOLID, 27 de noviembre. En un giro preocupante de los acontecimientos, dos individuos han sido apresados en la localidad de Mojados, Valladolid, bajo la sospecha de haber cometido un delito de extorsión. La víctima, un hombre de la misma nacionalidad que los detenidos y residente en el municipio cercano de Rueda, ha revelado que, desde 2020, se ha visto obligado a desembolsar más de 200.000 euros en concepto de intereses, todo ello bajo la presión de amenazas relacionadas con un préstamo inicial de 10.000 euros.

Estas detenciones son el resultado de la 'Operación PETREME', que inició sus pesquisas en agosto después de que un ciudadano extranjero denunciara a las autoridades en el Puesto de Nava del Rey. Según su relato, se encontraba atrapado en un ciclo de intimidación que lo había llevado a una situación financiera insostenible.

En el transcurso de la investigación, el hombre narró que, hace cuatro años, solicitó un préstamo de 10.000 euros a dos compatriotas que residen en Mojados. A medida que pasaba el tiempo, los intereses del préstamo no solo aumentaron, sino que las exigencias por pagos se volvieron cada vez más apremiantes, llevándolo a reportar un desembolso que, según él, superaba los 200.000 euros en total. La Guardia Civil ha confirmado que, a pesar de la alegación de pagos tan altos, solo se han verificado transacciones por un total de 30.000 euros.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil han arrojado luz sobre la situación financiera de los acusados, quienes, tras un análisis pormenorizado de la información facilitada por la víctima, han visto sus cuentas bancarias señaladas al recibir aproximadamente 30.000 euros en transferencias, así como pagos en efectivo. La confirmación por parte de la entidad bancaria que custodiaba estas cuentas ha sido clave en el avance del caso.

En complemento, se ha requerido información a una compañía telefónica para rastrear las líneas desde las cuales se emitieron las amenazas, que resultaron estar vinculadas a los sospechosos y a su círculo cercano. En septiembre, se llevó a cabo una revisión de archivos de audio a través de una empresa de traducción, confirmando así que efectivamente existían exigencias de pagos que se realizaban de forma insistente y bajo circunstancias amenazantes, sumando hasta 30.000 euros.

La Guardia Civil ha concluido su trabajo inicial y ha procedido a la formalización de las diligencias pertinentes, que ya han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Medina del Campo para su posterior tratamiento judicial.