Óscar Lobo, líder de UGT, ha declarado que VOX actuó “a propósito” y con un claro conocimiento de que estaban infringiendo la ley al eliminar las ayudas que competen a los sindicatos. Estas afirmaciones surgen tras la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que falló a favor de UGT en un contencioso similar al que anteriormente benefició a CCOO.

En este contexto, el tribunal ha obligado a la Junta de Castilla y León a abonar a UGT la suma de 743.000 euros, a lo que se suma la actualización del IPC y los gastos legales. Esta cantidad se deduce de la subvención total de 1.237.000 euros que se había reservado para el sindicato tras participar en una convocatoria excepcional a la que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, bajo la dirección de Mariano Veganzones, otorgó 494.000 euros, a diferencia de Comisiones Obreras, que optó por no participar.

Lobo afirmó que esta sentencia representa un punto culminante en la lucha de los sindicatos de clase contra los abusos de poder que se han producido en la Consejería dirigida por Veganzones, quien, a su juicio, contaba con la complicidad del entonces vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo. Sostiene que VOX sabía perfectamente que estaba cometiendo una ilegalidad al eliminar estas ayudas.

Durante una rueda de prensa para detallar los aspectos del fallo que conoció el pasado viernes, Lobo consideró que esta decisión judicial es “un triunfo para la Comunidad y para todos los demócratas”. Además, destacó que la sentencia valida el “espíritu” de la reforma del Estatuto de Autonomía de 2007, que estableció el Diálogo Social como uno de los pilares de la convivencia en la región.

Recordó que la primera ley aprobada tras esta reforma fue la Ley 8/2008, que instituyó el Consejo de Diálogo Social y la participación institucional, lo que marcó el carácter distintivo de Castilla y León en comparación con otras comunidades. Lobo señaló que la ley estipulaba que los presupuestos debían incluir anualmente una asignación específica para los sindicatos y organizaciones empresariales más representativas, un hecho que se cumplió entre 2008 y 2022, hasta la llegada de VOX al gobierno.

El secretario general de UGT enfatizó que la representatividad se debe ganar “día a día” en las elecciones sindicales, indicando que su participación busca defender temas económicos, sociales y de interés general para la Comunidad. Así, UGT está presente en más de 85 organizaciones autonómicas y 200 consejos de salud.

Lobo valoró que la sentencia reconozca como un “derecho subjetivo” la subvención nominativa que fue eliminada en 2023, advirtiendo que nunca hubo discusión sobre su otorgamiento entre 2008 y 2022. El fallo también menciona que esta subvención estaba incluida en el plan estratégico de la Consejería.

A pesar de la falta de inclusión en el presupuesto actual, el TSJCyL afirmó que cualquier cambio debía ser justificado y motivado, añadiendo que “la costumbre se convierte en derecho”. Así, Lobo sostiene que la Consejería y Veganzones eran conscientes de su transgresión legal al eliminar las ayudas.

En relación a la extensión de la deuda, Lobo recordó que UGT y CCOO habían informado a la Fiscalía sobre la legalidad de la convocatoria excepcional, y aunque no recibieron respuesta, decidieron actuar de manera diferente; mientras UGT aceptó la ayuda, CCOO optó por no hacerlo. Por esta razón, el TSJCyL prorrogó la cantidad asignada a UGT en función de los fondos previamente establecidos.

Defendiendo su decisión de aceptar la convocatoria, Lobo afirmó que nunca se dejó intimidar y que su objetivo era “responder con fuerza” a los ataques de la extrema derecha, asegurando que su solicitud estaba perfectamente dentro de sus derechos. La sentencia refuerza la idea de que la participación en la convocatoria excepcional era legal y compatible con el derecho que le corresponde al sindicato.

Esta resolución, reafirmó Lobo, es un rechazo más a las propuestas de VOX mientras se encuentran al mando de la Consejería. Además, destacó la importante carga simbólica que tiene en el contexto europeo frente a los ataques de la extrema derecha a los sindicatos de clase.

Lobo expresó su deseo de que los costos generados por la sentencia fueran cubiertos por Veganzones y García-Gallardo de su propio bolsillo, recordando que las primeras acciones de la extrema derecha en el gobierno incluyeron un recorte drástico de las subvenciones a sindicatos y empresarios. Aseguró que la extrema derecha sigue ignorando la legislación vigente para alcanzar sus fines políticos, deseando que pronto se restablezca la “normalidad” que siempre ha caracterizado a la Comunidad.