La reciente situación judicial de un caso de violencia homofóbica ha tomado un giro significativo en Valladolid, donde la Fiscalía ha hecho pública su intención de solicitar penas de cárcel para los seis jóvenes presuntamente implicados en un ataque que tuvo lugar el 22 de mayo de 2023 en Pozaldez, afectando a un hombre de 28 años.

Con la fase de investigación ya concluida en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Medina del Campo, la acusación pública está actualmente en el proceso de calificación de los hechos. La Fiscalía categoriza el comportamiento de los acusados dentro del marco de un delito de odio y discriminación, combinándolo con un delito contra la integridad moral y otro de lesiones. En consecuencia, se solicita una pena de tres años de prisión para cada uno de los involucrados, distribuidas en un año y medio de prisión y una multa de 3.000 euros por el delito de odio, así como otro año y medio de cárcel por el delito de lesiones, según informan fuentes del ámbito jurídico.

La Fiscalía, en su solicitud, contempla también la imposición de una inhabilitación especial para los seis acusados, restringiendo su capacidad para desempeñar funciones en el ámbito educativo, deportivo y de actividades de tiempo libre durante un periodo de cuatro años. Además, se añade una pena accesoria que prohíbe a los acusados acercarse a la víctima a menos de 300 metros, así como cualquier tipo de comunicación con él durante dos años.

En el aspecto de responsabilidad civil, los jóvenes, cuyos rangos de edad oscilan entre 19 y 41 años, se verían obligados a indemnizar al agredido con un total de 3.561 euros. Esta cifra incluye 1.000 euros por daños morales, 1.580 euros por lesiones y 981 euros por secuelas, además de una cantidad adicional a determinar para cubrir gastos odontológicos que la víctima necesite.

La causa está prevista para ser vista por la Audiencia de Valladolid, donde también figura el propio lesionado como parte demandante. Este solicita una condena de siete años de prisión para cada uno de los acusados. Por su parte, la Fundación Triángulo se ha personado como acusación popular, abogando por penas de hasta nueve años. Ambas partes demandan compensaciones que suman más de 4.000 euros.

Los hechos que rodean a esta agresión ocurrieron en la madrugada del 22 de mayo en la Plaza Cassaviñas de Pozaldez. Según los informes, la Guardia Civil recibió el aviso de una reyerta en la que un joven recibió agresiones físicas motivadas por su orientación sexual. La víctima, que se encontraba disfrutando de la noche con amigos, fue atacada sin razón aparente. Un golpe contundente en la cara le hizo perder el equilibrio y caer al suelo, donde continuó siendo agredido con puñetazos y patadas.

Testigos presenciales narraron ante la Guardia Civil que su amigo fue golpeado con un puñetazo, y al caer, el resto de los acusados “se ensañaron” con él, lanzándole múltiples patadas, mientras que otros jóvenes formaban un círculo para obstaculizar cualquier intento de asistencia a la víctima. A pesar de esto, una de las amigas del agredido arriesgó su seguridad arrojándose sobre él para protegerlo de más golpes.

Los testigos también coincidieron en que, durante el transcurso de la agresión, se escuchaban gritos despectivos hacia la víctima, con expresiones como “maricón, puto maricón”, lo que resalta la motivación homofóbica detrás del ataque. El informe médico de lesiones indica que la víctima sufrió varias contusiones, especialmente en el costado y en el ojo izquierdo, y presenta daños dentales, incluyendo el desplazamiento de una pieza dental y la rotura parcial de otras dos.