VALLADOLID, 4 Abr. — Un empleado de Correos ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía que establece una condena de 20 meses de prisión y una multa de 1.080 euros, en lugar de enfrentarse a una posible pena de seis años tras ser acusado de falsificar las firmas de los destinatarios en varias entregas de correspondencia.

El individuo ha admitido su culpabilidad en los hechos, los cuales han sido clasificados como un delito continuado de falsedad documental en el marco de sus funciones como funcionario público, conforme al artículo 390 del Código Penal. Las irregularidades en la entrega y la notificación de comunicaciones, en especial algunas procedentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), han generado un daño estimado en 8.300 euros para los afectados.

Gracias a que ha consignado dicha cantidad, el procesado ha logrado que se considere la atenuante de reparación del daño, lo que ha influido en la imposición de una pena más benigna de 20 meses de prisión. A esta condena se le suma, además, una inhabilitación especial para desempeñar cualquier cargo público durante dos años, así como una multa diaria durante seis meses, con opción a que, en caso de impago, deba asumir responsabilidades adicionales por costes.

El acusado, identificado como Eduardo R.C., había trabajado como personal fijo en la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. desde el 1 de junio de 2007. Su labor se centraba en la Unidad de Distribución de Laguna de Duero, en Valladolid, donde se encargaba del clasificación y entrega de diversos tipos de correspondencia, cubriendo la demarcación de Herrera de Duero.

Dentro de su función de repartidor, se le acusa de haber simulado la firma de una pareja residente en la calle del Puente de Herrera en un dispositivo digital empleado para registrar, entre otros datos, las firmas de los destinatarios. Según las investigaciones, Eduardo R.C. habría falsificado las firmas de los perjudicados en al menos cuatro notificaciones entre el 20 de diciembre de 2017 y el 11 de julio de 2018.