VALLADOLID, 12 de diciembre. La Guardia Civil de Castilla y León ha concluido la operación conocida como 'Operación Keisah', la cual se ha llevado a cabo en toda la comunidad autónoma con el objetivo de supervisar la producción y el consumo de sustancias que son perjudiciales para la capa de ozono. Esta compleja operación ha resultado en la investigación de 17 individuos por un total de diez delitos penales, además de provocar 40 denuncias administrativas y la incautación de 12 botellas de gas refrigerante y 84 kilogramos de gas no autorizado.

Según fuentes oficiales de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, la operación se ha ejecutado a lo largo y ancho de toda la comunidad con el propósito de implementar medidas que garanticen el control de la producción y el consumo de estas peligrosas sustancias, que principalmente se encuentran en gases utilizados en aparatos de refrigeración y aerosoles.

Este operativo forma parte de una iniciativa a nivel nacional y, en el contexto específico de Castilla y León, se han realizado 91 inspecciones en distintas empresas y talleres que manipulan o utilizan los gases regulados en sus sistemas de refrigeración. Esta intensiva vigilancia es un paso importante hacia la preservación del medio ambiente y la salud pública.

Como resultado de estas inspecciones, se ha procedido a abrir investigaciones en contra de 17 personas por la comisión de diez ilícitos penales, se han emitido 40 sanciones administrativas y se ha incautado una significativa cantidad de material, incluyendo 12 botellas de gas refrigerante y 84 kilogramos de gas que no contaban con la debida autorización. Estas acciones representan un firme compromiso por parte de las autoridades para combatir la ilegalidad en este sector.

A pesar de que se han detectado algunas infracciones, los informes recabados indican que la mayoría de los talleres y empresas sometidos a inspección cumplen con la legislación vigente. La Guardia Civil ha destacado también la buena recepción que ha tenido la 'Operación Keisah' entre aquellas entidades que sí respetan la normativa, enfatizando el apoyo de los comercios legales en su lucha contra el fraude en este ámbito tan sensible.

Por otra parte, las autoridades han recordado que, a pesar de la existencia de una regulación estricta que estipula la venta de estos gases refrigerantes, siguen circulando de manera ilegal. Consideran que esta situación socava los esfuerzos dirigidos a la recuperación total de la capa de ozono, un asunto de vital importancia para la salud del planeta.

Finalmente, es importante señalar que en España la venta de estos gases está sujeto a un alto impuesto especial, cuyas tasas aumentan conforme mayor es el potencial contaminante de los productos. Esta realidad ha propiciado el surgimiento de un mercado negro lucrativo, que no solo evade estas normativas, sino que genera enormes beneficios a expensas del medio ambiente y la salud pública.