En una reciente audiencia judicial en Valladolid, dos expertos TEDAX, un militar y un guardia civil, han sido acusados de usar explosivos reales en un curso para miembros de la Armada chilena, que se realizó en noviembre de 2014. Sin embargo, ambos han negado rotundamente cualquier infracción, afirmando que lo que utilizaron fue una "maqueta" hecha de plastilina que fue modificada con harina y aceites para simular explosivos.

La Fiscalía, inicialmente solicitando una sentencia de tres años y medio de prisión, ha decidido rebajar la pena a un año y tres meses, además de una inhabilitación de quince meses para cualquier actividad relacionada con explosivos. Esta decisión se ha basado en la atenuante de dilaciones indebidas y se anunció durante la segunda jornada del juicio, en la que se presentaron los acusados: el militar Alberto G.G., al frente de la empresa Eoditec, y el guardia civil Ginés C.S., que trabajó como instructor.

A pesar de la defensa de los acusados, quienes alegaron que las prácticas no implicaron ningún riesgo, el fiscal sostiene que se ha demostrado el uso de un explosivo real, específicamente PG2, sin los permisos correspondientes. Sin embargo, durante el juicio no se presentaron testigos que corroboraran este uso, y los estudiantes chilenos que fueron interrogados negaron la posibilidad de que se hubiera usado explosivo real. La única evidencia presentada ha sido un conjunto de fotografías de una práctica que podría implicar un artefacto legítimo.

La defensa ha solicitado la absolución de los acusados, argumentando la falta de pruebas que sostengan las acusaciones. Durante la jornada dedicada a testimonios periciales, varios guardias civiles y un comandante de la Academia de Ingenieros del Ejército ofrecieron informes que cuestionaban la autenticidad de las imágenes en cuestión. Estas fotografías sugerían que se había realizado una excavación donde se introdujo un lingote de PG2, con detonadores, lo cual, según la versión de la defensa, nunca ocurrió.

Los peritos, todos ellos con experiencia en bombardeo y desactivación de explosivos, afirmaron que el cráter mostrado en las fotografías era consistente con los que se generan a partir de explosivos reales, aunque indicaron que sería necesario un análisis químico para confirmar la presencia de explosivos en el terreno.

Un testigo experto señaló que la ausencia de muestras recopiladas tras una explosión limita la capacidad para certificar con total seguridad el material utilizado durante el curso. Sin embargo, los acusados argumentaron que su práctica, realizada bajo la supervisión de la OTAN, utilizó exclusivamente materiales simulados sin ningún potencial para generar explosiones.

El militar Alberto G.G. y el guardia civil Ginés C.S. confirmaron, en su testimonio, que el dispositivo usado en la práctica no contenía explosivos reales, sino que era una simple "maqueta" elaborada de plastilina. Esta afirmación fue respaldada por pruebas y medidas que indicaban que el material empleado no presentaba riesgos durante la actividad.

Un momento peculiar del juicio ocurrió cuando el abogado defensor intentó argumentar la nulidad de ciertos testimonios periciales, citando la cobertura mediática que, según él, vulneraba el derecho a una defensa justa. A pesar de sus esfuerzos por invalidar las pruebas, los resultados de los análisis fueron favorables para los acusados, ya que los expertos no lograron determinar si el material presentado era explosivo real o simulado.