El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar por terrorismo y empleo de artefactos explosivos con finalidad terrorista a un hombre de 74 años y residente en Miranda de Ebro (Burgos), quien fue detenido en noviembre de 2022 como presunto autor del envío de seis cartas que contenían explosivos caseros a, entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su resolución, el magistrado atribuye el delito de terrorismo a Pompeyo González porque, si bien no hay indicios de que pertenezca ni colabore con banda o grupo terrorista organizado, las acciones que se le imputan, el contexto en que se produce (la guerra de Ucrania), la viabilidad de que los artefactos estallaran (como ocurrió en el caso de la Embajada de Ucrania) y los destinatarios de sus acciones, "evidencian que en el ánimo de dicho procesado está presente (...) el objetivo de alterar la paz pública".

Además, el juez señala que el acusado buscaba transmitir el mensaje de que esas acciones eran efectuadas por personas vinculadas a Rusia "como represión hacia los intereses de España y Estados Unidos como consecuencia de su apoyo a Ucrania ante la ocupación rusa".

Por otro lado, el magistrado asegura que existen indicios racionales para entender que Pompeyo González adquirió, entre otras sustancias, clorato potásico, azufre y pólvora, elaborando con estas sustancias los artefactos explosivos que posteriormente remitió por correo postal a los emplazamientos referidos, con finalidad de alterar gravemente la paz pública.

El juez señala que se debe tomar declaración indagatoria al procesado --sin fecha aún-- y que debe aportar una fianza de 6.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse pertinentes.