La Junta de CyL adquiere 14 viviendas de la Sareb para alquiler social

La Junta de CyL adquiere 14 viviendas de la Sareb para alquiler social

VALLADOLID, 26 Nov.

La Junta de Castilla y León ha llevado a cabo una importante adquisición de viviendas con el objetivo de incorporarlas al parque público de vivienda y destinarlas al alquiler o en régimen de cesión de uso. Esta operación ha supuesto un gasto de 1.113.583 euros.

Las viviendas adquiridas por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se encuentran en varios municipios de la región, incluyendo Ávila, Burgos, León, La Bañeza, Palencia, Salamanca, Cabrerizos, Segovia, San Cristóbal de Segovia, Soria y Valladolid. Estas áreas cuentan con un alto número de familias en situación de vulnerabilidad que buscan viviendas en alquiler.

Esta adquisición se enmarca en el nuevo Plan para el acceso a la Vivienda 2022/2025 y es el resultado de un acuerdo firmado entre la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y el director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Hasta el momento se han adquirido 11 viviendas, quedando únicamente la compra de las 3 últimas por realizar antes de que finalice el año, según ha informado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La compra de estas viviendas tiene su origen en un convenio de colaboración firmado en 2015 entre la anterior Consejería de Fomento y Medio Ambiente (actual Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio) y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Dicho convenio estableció la incorporación de 100 viviendas al parque público de alquiler gestionado por la Junta de Castilla y León durante un periodo de cuatro años.

Estas viviendas serán alquiladas a personas y familias a un precio que variará entre los 125 y los 400 euros mensuales, dependiendo de la ubicación y tamaño de la vivienda, así como de las circunstancias personales, económicas y sociales del inquilino. En ningún caso, el inquilino deberá destinar más del 30 por ciento de sus ingresos al pago del alquiler.

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Castilla y León