El próximo lunes, 20 de enero, se dará inicio a un juicio de gran relevancia en la Audiencia de Valladolid, donde un total de veintinueve encausados se enfrentarán a serias acusaciones en el marco de la denominada 'Operación Santo', un operativo contra el narcotráfico que ha conmocionado a la región.

La sala de la Sección Segunda de lo Penal será el escenario donde se llevarán a cabo las audiencias a lo largo de varias jornadas que, según lo previsto, terminarían el 31 de enero. Sin embargo, según fuentes jurídicas consultadas, es probable que el proceso judicial avance a un ritmo más rápido de lo inicialmente contemplado, debido a que muchos de los acusados han llegado a acuerdos con la fiscalía que les permitirán enfrentar penas menores.

La Fiscalía de Valladolid ha solicitado penas que, en conjunto, suman cerca de 170 años de prisión para los veintinueve individuos encausados; cabe mencionar que de los 31 inicialmente investigados, dos se encuentran en paradero desconocido. Además, se ha solicitado el sobreseimiento de otras treinta y una personas que formaron parte del proceso investigativo.

La gravedad de las acusaciones queda reflejada en las solicitudes de pena, que incluyen multas que superan los 2,3 millones de euros. El rango penal varía considerablemente, comenzando desde dos años para Tomás B.R., un habitual infractor por conducir sin licencia, hasta casi diez años para otros acusados con antecedentes graves en el tráfico de drogas, como el conocido 'Monchín', José Enrique R.L.

Entre los encausados, se encuentran nombres conocidos en el submundo del crimen como Raúl R.L., quien podría enfrentar casi diez años de cárcel, y otros tantos que afrontan penas entre siete y ocho años. Estas solicitudes reflejan la magnitud de los delitos cometidos, que van desde el tráfico de drogas hasta la tenencia ilícita de armas, aspectos comunes en la operativa de los clanes investigados.

Las detenciones se llevaron a cabo en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera (AEAT) en dos fases distintas en mayo y junio de 2023, como resultado de una investigación que tuvo su origen en el año 2022. Este operativo se centró principalmente en el clan familiar de los 'Menas', con sede en el Barrio España de Valladolid, y se sospechaba que estaban estrechamente vinculados al narcotráfico y al crimen organizado.

Los indicios delictivos fueron evidentes desde el inicio, cuando se encontraron grandes cantidades de residuos de marihuana en vertederos cercanos. Estos hallazgos apuntaron a conexiones directas entre el clan investigado y los actividades delictivas en la zona.

El método utilizado por el grupo para el cultivo de marihuana implicaba el desarrollo de plantaciones 'indoor', lo que significa que se instalaban en locales y viviendas de su propiedad. Así, lograban un control exhaustivo del proceso de producción y distribución, lo que les permitía maximizar sus ganancias a través de un sistema eficiente y clandestino.

El nivel de sofisticación en su operación era notable, con un suministro significativo de energía eléctrica obtenido mediante enganches ilegales a la red eléctrica, lo que revela una planificación cuidadosa para mantener sus actividades en la sombra.

Las investigaciones avanzaron hacia el descubrimiento de infraestructuras complejas, incluyendo túneles que permitían el enganche a la red eléctrica pública, lo que facilitaba el funcionamiento de sus plantaciones. Desde el principio, el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid mantuvo el secreto sobre la causa, lo que contribuyó a preservar la integridad de la operación.

Durante el transcurso de la investigación, se observó que el clan de los 'Menas' tenía fuertes lazos con otro grupo criminal, el de los 'Monchines', conocido por su involucramiento en el tráfico de cocaína y heroína. Esto llevó a la fusión de ambas investigaciones bajo la 'Operación Santo', aumentando así la envergadura del operativo policial.

Los investigadores pudieron conectar los distintos canales utilizados por ambos clanes para el tráfico de drogas en Valladolid y otras áreas cercanas, mostrando así una red de criminalidad bien organizada que operaba a gran escala y con métodos eficaces de distribución y cobro.

A través de un trabajo exhaustivo y coordinarizado, las autoridades realizaron una serie de registros en distintas localidades, resultando en la confiscación de más de 3.500 plantas de cannabis, grandes cantidades de intoxicantes y varios vehículos, lo que pone de manifiesto la magnitud de los delitos perpetrados por estos grupos delictivos.

En la segunda fase del operativo, se llevaron a cabo arrestos adicionales y se descubrió más evidencia, incluyendo armas y dinero en efectivo que se presume derivan del comercio ilegal de drogas, lo que corrobora la peligrosidad de estos clanes y su impacto en la comunidad.