BURGOS, 13 de enero. En un reciente suceso que ha despertado gran inquietud en la comunidad, la Policía Nacional ha realizado la detención de un menor de 15 años tras recibir una llamada que alertaba sobre la supuesta colocación de un artefacto explosivo en la Plaza Mayor de Burgos, exigiendo un rescate de un millón de euros para evitar su detonación, según confirmaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno a Europa Press.

Los agentes de la Policía Nacional subrayan las implicaciones que este tipo de amenazas pueden acarrear, especialmente en momentos críticos como las festividades navideñas. La llamada que desencadenó esta intervención se produjo el 4 de enero a las 20:00 horas, momento en que el Servicio de Emergencias 112 tomó nota de la alarmante advertencia.

Tras el recibo de la llamada, varios equipos de uniformados fueron comisionados de inmediato hacia la Plaza Mayor. Su tarea consistió en realizar una búsqueda minuciosa pero discreta de objetos sospechosos como mochilas o maletas que pudieran corroborar la veracidad de la amenaza. Sin embargo, no se halló nada que levantara sospechas.

Al mismo tiempo, otros efectivos, bajo la coordinación de la Sala-Cimacc 091, iniciaron un rastreo de las posibles ubicaciones relacionadas con el autor de la amenaza, utilizando la información disponible. Gracias a una rápida actuación, lograron identificar un domicilio que parecía ser el origen de la llamada; allí encontraron al menor, quien, al ser interrogado, admitió haber realizado la amenaza con la intención de "gastar una broma".

En el lugar, también fue recuperado el teléfono móvil desde el cual se había realizado la llamada amenazante, que fue incautado por las autoridades. El joven, que se encontraba solo en su hogar, fue detenido como el presunto responsable de esta infracción y llevado a las dependencias de la Comisaría Provincial.

De manera simultánea, las autoridades llevaron a cabo gestiones para localizar a los padres del menor. Tras elaborar el Atestado Policial y notificar a la Fiscalía de Menores sobre el caso, el joven infractor fue puesto en libertad bajo la custodia de su madre, quien se presentó en la comisaría para asumir responsabilidad.

Es importante mencionar que el artículo 561 del Código Penal español tipifica como delito de desórdenes públicos las amenazas de este tipo, sancionadas con penas de prisión de hasta un año o multas de hasta 18 meses, cuando estas acciones provocan la movilización de los servicios de policía y emergencias como resultado de las mismas.