VALLADOLID, 3 de diciembre.

En un enérgico llamado a la acción, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha solicitado al Gobierno de España que proceda a la derogación de manera inmediata de la orden ministerial que incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Esta demanda se fundamenta en la reciente modificación del estatus de protección de este animal por parte del Convenio de Berna, una decisión impulsada por la Unión Europea que cambia la protección del lobo de un régimen estricto a uno más flexible.

Las declaraciones del consejero, que fueron registradas por Europa Press antes de la sesión plenaria en las Cortes de Castilla y León, evidencian su interpretación de las decisiones tomadas por los expertos de los “50 países” involucrados en el Convenio de Berna. Suárez-Quiñones subrayó que la modificación en la categorización del lobo a "protección simple" permite que las naciones gestionen adecuadamente la especie, lo que resulta crucial en el contexto actual.

El consejero expuso que este cambio de estatus tendría consecuencias directas, especialmente en el sur del Duero, donde actualmente hay una estricta protección derivada de normativas europeas. A su juicio, esta situación se equiparará con el régimen vigente en el norte del Duero, donde las normas son más laxas y permiten una gestión más eficiente de la población de lobos.

Suárez-Quiñones subrayó la premura de la situación, enfatizando que el Gobierno tiene la responsabilidad de actuar rápidamente. Se cuestionó por qué la derogación de esta orden ministerial no se realiza de forma inmediata y qué justificaciones podrían tener el Ejecutivo central, liderado por Pedro Sánchez, para mantener el estatus actual del lobo, que consideran obsoleto.

El consejero del Partido Popular planteó: "¿Por qué Europa apoya nuestro medio rural y ganadería, mientras que nuestro Gobierno no?". En su opinión, debería surgir una explicación clara del Ejecutivo, ya que, de no ser así, podría ser interpretada como una desviación de poder, lo cual no sería aceptable en una democracia.

De cara al futuro, Suárez-Quiñones anunció su intención de exigir la derogación de la mencionada orden ministerial y reclamó que el Gobierno español cumpla con lo acordado en el Convenio de Berna y respete las decisiones adoptadas por la Unión Europea.

El consejero recordó que, si Europa ha optado por facilitar la gestión del lobo, el Gobierno español está actuando en sentido contrario, endureciendo las restricciones en el norte de Castilla y León. Esta contradicción en las políticas debe ser abordada, sostiene, con un enfoque que permita a la Junta de Castilla y León y a otras comunidades autónomas del norte de España retomar el control de la gestión del lobo, tal como se hacía anteriormente a 2021, cuando se implementó la nueva normativa.

Además, Suárez-Quiñones puso de relieve que los censos realizados en las comunidades autónomas donde habita el lobo han mostrado un notable aumento en la población de estos animales, incrementándose de 179 a 193 manadas en Castilla y León y, a nivel nacional, de 279 a 333 manadas.

La conclusión a la que llega es que si tanto las comunidades autónomas con presencia de lobos, independientemente de su orientación política, como las instancias europeas están en desacuerdo con la gestión actual del lobo, entonces esta decisión del Gobierno carece de justificación alguna.

Asimismo, el consejero aclaró que la decisión acerca de la gestión del lobo no es meramente consultiva, ya que la Unión Europea, a pesar de la oposición de España e Irlanda, ha solicitado cambios en el estatus del lobo dentro del Convenio de Berna; por lo tanto, sería “absurdo” que la UE no implementara estas modificaciones.

Suárez-Quiñones concluyó sugiriendo que la modificación necesaria en la directiva de Hábitats de la UE no debería afectar el contenido sustantivo de la misma, sino únicamente los anexos, permitiendo así que el lobo sea trasladado del anexo cuarto, correspondiente a "protección estricta", al anexo quinto, que garantiza una "protección simple", el cual era el estatus previo para los territorios al norte del río Duero y Grecia, que ahora debería ser universal en Europa.

No obstante, es relevante señalar que el pasado verano se presentó una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en la que se determinó que la normativa de Castilla y León que permitía la caza de lobos al norte del río Duero contravenía la directiva europea sobre la protección de hábitats.

Finalmente, en el ámbito judicial, Suárez-Quiñones remarcó que aún está en curso un recurso ante la Audiencia Nacional en el que la Junta contestó la orden ministerial impugnada, y se comprometió a desplegar "todas las medidas políticas necesarias" para asegurar que se respete la gestión sostenible del lobo en la región.