El reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha reducido la pena de prisión de la agente de la Policía Nacional, O.R.G., de seis años a tres años y medio. La funcionaria había sido juzgada por su supuesta implicación en un caso de tráfico de drogas desde su vivienda en la calle Mieses, compartida con su novio. Además, enfrentó cargos por descubrimiento y revelación de secretos, ya que se acusó de haber realizado consultas en aplicaciones policiales para verificar si tanto ella como su pareja estaban siendo investigados.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, ha estimado parcialmente el recurso de apelación presentado por la agente, absolviéndola del cargo de descubrimiento y revelación de secretos, que le había acarreado dos años y medio de condena por parte de la Audiencia de Valladolid. Sin embargo, se ha mantenido inalterable la pena de tres años y medio por el delito de tráfico de drogas, según fuentes jurídicas que informaron a Europa Press.
En el dictamen previo, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial había condenado a O.R.G. no solo a las penas privativas de libertad sino que también le impuso una inhabilitación de ocho años para ejercer como Policía Nacional, además de una multa de 3.300 euros, la cual permanece sin cambios tras la reevaluación del caso.
Es relevante destacar que la agente se encontró en prisión en el centro de Brieva, en Ávila, durante casi catorce meses, aunque ahora se encuentra en libertad. La Fiscalía había solicitado inicialmente una condena casi total de once años de prisión para ella y una sanción económica de 17.300 euros. En relación a su pareja, C.A.G.G., se llegó a un acuerdo que le impuso una pena de tres años de prisión y una multa de 3.300 euros, en lugar de los cuatro años y medio y los 6.000 euros que se pedían al principio.
Durante el juicio, C.A.G.G. asumió toda la responsabilidad sobre el hallazgo de las drogas y otros productos relacionados con su distribución en la vivienda, afirmando que todo lo encontrado le pertenecía exclusivamente. Esta declaración fue corroborada por la funcionaria, quien, no obstante, insistió en su inocencia y afirmó que la relación sentimental entre ambos se había terminado hacía varios meses, manteniendo que ahora eran "simplemente amigos". Según su versión, desconocía las actividades de su exnovio en el hogar compartido.
"Mi salario era de aproximadamente 2.310 euros al mes, no tenía problemas económicos y nunca he estado involucrada en el tráfico de drogas", enfatizó O.R.G. durante la audiencia, reiterando que su vínculo con C.A.G.G. había finalizado y que continuaba residiendo con él solo de manera circunstancial.
La agente también proporcionó detalles sobre el comportamiento de su ex pareja, mencionando que su única preocupación era su afición a los videojuegos. Además, aclaró que las bolsas que los investigadores encontraron con residuos de sustancias habían sido dejadas por C.A.G.G. a la entrada de su hogar para que ella las tirara al contenedor mientras paseaba al perro.
Esto, según su declaración, implicaba que ella no tenía idea de lo que contenían dichas bolsas, y defendió que su ingreso en aplicaciones policiales no respondía a una intención de eludir una posible investigación. Aseguró que había consultado la aplicación 'Objetos' simplemente para verificar si las claves que le habían proporcionado estaban funcionando, y que sus otras consultas eran meramente curiosidades.
Por otra parte, un equipo de la Policía Nacional, incluidos los instructores del caso, indicaron que la investigación contra la pareja comenzó en enero de 2023, tras recibir información alentadora que sugería involucramiento en el tráfico de drogas desde su domicilio en la calle Mieses. Las operaciones de vigilancia se extendieron a lo largo de cuatro meses, con 68 actas de observación y escucha telefónica que revelaron un patrón de actividad indicando un inusual aumento en las visitas a su hogar, típicamente asociado con el tráfico de sustancias ilícitas.
Uno de los hallazgos más significativos para los investigadores fue que siempre observaban las persianas del hogar bajadas, lo que aparentaba un intento de evitar ser vistos. Sumado a esto, las bolsas de basura que O.R.G. desechaba contenían residuos de drogas y anotaciones que despertaron sospechas.
Las grabaciones telefónicas y el análisis de los mensajes en aplicaciones de mensajería también se consideraron incriminatorios, reflejando un lenguaje típico de quienes operan en el tráfico de drogas. Frases como "Tráeme un litro, un litro y medio, una barra, media barra, un corto o uno doble" evidenciaron la actividad delictiva del dúo.
No menos importante es el hecho de que en la habitación donde fue encontrada la droga había objetos que pertenecían a ambos, incluyendo una tarjeta de salud que dio positivo en narcotests, lo que, según los investigadores, podría haber sido utilizada para facilitar la distribución de sustancias ilegales. Asimismo, una de las personas interrogadas a la salida del apartamento afirmó que las drogas eran proporcionadas por la pareja denunciada.
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