VALLADOLID, 28 de mayo. En una reciente sesión en el Parlamento de Castilla y León, la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que busca garantizar el acceso universal y equitativo a productos ópticos, fue aprobada gracias a la abstención de los once representantes de Vox. Esta iniciativa incluye la propuesta de ofrecer productos ópticos gratuitos a menores y colectivos en situación de vulnerabilidad, así como ayudas económicas basadas en la renta para aquellos ciudadanos que necesiten gafas o lentillas.

La votación culminó con un resultado de 38 votos a favor, 11 abstenciones y 31 en contra. Los votos en contra incluyeron los de prácticamente toda la bancada delPP, a excepción de Paloma Vallejo, la procuradora del PP de Valladolid, quien se pronunció a favor de la propuesta.

El procurador popular José María Sánchez Martín criticó duramente al PSOE, argumentando que esta propuesta pertenece a la competencia estatal y está vinculada al pacto de Gobierno entre el PSOE y Sumar. Ironizó sobre la capacidad de Pedro Sánchez para cumplir sus promesas, especialmente en lo que respecta a la mejora de los servicios públicos.

Sánchez afirmó: "Si Pedro Sánchez no puede cumplir sus compromisos, no esperen que lo haga la Junta de Castilla y León sin el financiamiento adecuado". El procurador propuso una enmienda que instaba a los grupos en el Congreso a acelerar la tramitación de la proposición de ley que busca garantizar la gratuidad de los productos ópticos, la cual fue rechazada por el PSOE.

Virginia Jiménez, procuradora y representante del PSOE, respondió a las críticas manifestando que las competencias en esta materia aún recaen en la Junta de Castilla y León. Acusó al PP de intentar hacerse de lo fácil para trasladar la responsabilidad al Gobierno español, añadiendo que la Junta debería aprender de otras comunidades, como Madrid y Andalucía, en cuanto a la gestión de esta problemática.

Desde el Grupo Mixto, el procurador y médico Pedro Pascual Muñoz subrayó la importancia de la salud visual y abogó por que los productos ópticos sean parte de una Estrategia Autonómica de Salud Visual. Esta estrategia logró avanzar gracias al respaldo de la PNL del PSOE.

Pablo Fernández, procurador de Unidas-Podemos, también apoyó la iniciativa, describiéndola como "necesaria y justa", haciendo hincapié en la creación de un sistema de salud visual que garantice un acceso equitativo y gratuito a la población, junto con la inclusión de unidades de optometría en Atención Primaria para detectar tempranamente problemas visuales, propuesta que fue igualmente aprobada.

El Parlamento también aprobó otras medidas como programas de detección y cribado de problemas visuales, así como campañas de sensibilización dirigidas a escolares, trabajadores con pantallas digitales y personas mayores.

Alicia Gallego, del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, resaltó que la incorporación del óptico al sistema de salud fue discutida en 2023, pero no se ha concretado, mientras otros países como Dinamarca y Suecia ya cuentan con este recurso en sus sistemas sanitarios. Gallego recordó que once comunidades autónomas en España han implementado este servicio, mientras que en Castilla y León no se han hecho avances significativos a pesar de contar con formación en Óptica y Optometría.

Finalmente, la procuradora de Vox, Susana Suárez, destacó que el modelo de Estado de las Autonomías no garantiza igualdad de acceso a la salud entre los españoles, lamentando el desbordamiento de iniciativas distintas en cada parlamento. Llamó a reducir el gasto innecesario y los subsidios ideológicos, demandando un sistema sanitario único y robusto con una cartera de servicios común que aborde de manera efectiva los problemas actuales de la sanidad en España.